Hartas del hostigamiento y corrupción de los inspectores de la Dirección de Reglamento, Fiscalización y Vía Pública del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, vendedoras ambulantes decidieron proceder ante el Ministerio Público (MP).
Solicitan asesoría de abogados que ofrecen servicios gratuitos, para presentar la denuncia correspondiente.
La madrugada de ayer se dio un enfrentamiento entre vendedoras de las comunidades de Mayabalam y personal del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, porque no se permitió las primeras establecerse para la venta de sus productos.
Se conciliaron los ánimos y se les permitió trabajar. sin embargo este viernes ya no fue así.
«Isidra», vendedora ambulante, denunció que el impedimento fue porque no «pagaron» las cuotas a los inspectores de Reglamento, Fiscalización y Vía Pública.
Y es que «las cuotas» van desde mil 500 hasta cinco mil pesos para dejarles vender. Desde las 02:00 horas llegan a cobrar. En varios casos los recibos que entregan careen de número de folio.
Responsabilizaron a «Wilberth» de encabezar a los inspectores dedicados a extorsionarles.
Aquellos comerciantes, sobre todo los establecidos, que pagan «la mordida» pueden trabajar sin respetar las disposiciones sanitarias para contener el COVID-19.
Anticipó que en represalia por las denuncias hechas ante medios de comunicación, pretenden desalojarles de esta parte, situada en la calle Confederación Nacional Campesina (CNC), entre Avenida de los Héroes y Librado E. Rivera, donde han vendido por años.
Ahora recurrirán al Ministerio Público (MP) para se deslinden responsabilidades en contra de los inspectores.
