SANTIAGO URBINA.-
Contadores públicos de todo el país, consideran cómo injusta la obligación que pretenden atribuirles, si no informan a
las autoridades cuándo se detecte alguna conducta por parte de los contribuyentes que pudiese constituir la
comisión de un delito fiscal, cabe mencionar qué la reforma al artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, contempla que en caso de no informar, el Contador Público podría ser acreedor a
una sanción penal que va de los tres meses hasta los seis años de prisión, por lo qué los contadores consideran cómo totalmente injusto para el profesional que se capacita, que se actualiza y
prepara, que está debidamente certificado y qué cumple con todas las normas profesionales, está nueva reforma «Los obliga a denunciar a los contribuyentes»esta nueva obligación tributaria,
podria ser sujeta a una sanción que ya es de índole penal, externó
la Presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Laura Grajeda Trejo, quién
señalo qué como Contadores públicos se rigen bajo normas profesionales y de auditoría internacional, pero en el caso de la reciente modificación que se incluyó dentro del paquete económico para 2022,
no deberían estar tan expeditados a identificar si se comete algún delito fiscal, dentro de las revisiones que
hacen como parte de sus labores profesionales, indicando que, si bien se deberá notificar a la empresa la detección de alguna irregularidad fiscal, también podría suceder que dentro de las revisiones
que hacen los contadores públicos, pudiesen darse la situación en la que no lograran identificar la comisión
de un delito, en conferencia de prensa, explicó que la auditoría a los contribuyentes, en este caso, a las empresas, se hace a base de muestras, cumpliendo con normas internacionales y bajo una
metodología establecida, si dentro de la muestra que nosotros revisamos no identificamos un delito fiscal y la autoridad, iniciados sus facultades de revisión, sí lo hace, pues nosotros los contadores públicos estaríamos sujetos a una sanción al igual que el contribuyente, concluyó
Grajeda Trejo, quién además ratificó su compromiso, con los contadores públicos, para el cumplimiento de la recaudación fiscal, qué en su momento tuvieron acercamiento con los legisladores para evitar que pasara dicha obligatoriedad hacía los contadores públicos, pero
ahora lo hacen con guncionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) para discutir las nuevas obligaciones atribuidas a los profesionales
de la Contaduría Pública, ya que buscan asegurar la certeza jurídica
de las partes involucradas.
