Se ha detectado la participación y complicidad de guardias de seguridad privada en delitos de alta peligrosidad, sobre todo en la Zona Norte.
La diputada Jenny Juárez Trujillo promueve elevar las penas contra estos prestadores de servicios, en caso de comprobarse sus vínculos con la delincuencia.
En casos de extorsión, secuestro “express” y hasta narcomenudeo se ha tenido participación de elementos de seguridad.
La diputada local afirmó que la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP) todavía no concluye con la certificación de las empresas de seguridad privada.
Por ende, promueve una iniciativa para regular la contratación de personal y paralelamente, sancionar con más severidad a guardias de seguridad privada que brinden información sobre sus patrones o a quienes presten sus servicios.
“La seguridad pública tiene control de empresas que trabajan ese tema, pero no todas están reguladas y aquí tiene que estar regulado, tienen que reportarse y no todas lo hacen. Sin duda una de las razones de trabajar en esta iniciativa de seguridad privada es porque tenemos robos en fraccionamientos, ellos saben todo, ellos tienen información saben y pasan años y meses y muchos son halcones es una mejor estrategia para tener bien la información”, destacó.
Juárez Trujillo consideró que existe capacidad de las autoridades para seleccionar al personal y así desempeñen mejores labores.
La iniciativa en cuestión pretende establecer que las empresas de seguridad privada no solo estén regidas por la normatividad federal y requieran el aval del Estado para operar.
De acuerdo a datos de la SESP, a principio del 2019, de 181 empresas de seguridad privadas, solamente 19 estaban regularizadas. Las restantes operaban de manera ilegal porque sus permisos fenecieron el último día del año pasado.
La Dirección de Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada les negó la revalidación, por irregularidades en su documentación.
De las empresas que operan de manera irregular, 115 son de Cancún, 18 se ubican en Playa del Carmen, 16 en Chetumal, 10 en Cozumel, dos en Puerto Morelos y una en Tulum. Así no garantizan seguridad para los usuarios, sino lo contrario.
El secretario estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, pretende enviar al Congreso del Estado, una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Privada de Quintana Roo, para equiparle a la del Estado de Morelos, que impondría fianza de 400 mil pesos para revalidar sus permisos con año calendario.
