Ya son mil 345 carpetas administrativas que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) mantiene en proceso.
La falta de personal impide dar celeridad en las investigaciones y deslinde de responsabilidades.
De estas, 700 corresponden a servidores públicos de la presente administración estatal.
Los expedientes son acumulados desde la gestión de Roberto Borge Angulo.
La FECC cuenta con 57 empleados. De ellos solo 10 son agentes dedicados a la investigación, que desarrollan entrevistas y recabación de datos de prueba.
Asimismo, solo 14 son fiscales que tienen expedientes pendientes.
La fiscal especializada en Combate a la Corrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, afirmó que se han logrado 14 vinculaciones a proceso.
Dos están ya en proceso penal. Se trata de un ex concejal de Lázaro Cárdenas imputado por Desempeño Irregular de la Función Pública y el segundo es un agente de Seguridad Pública en Playa del Carmen que enfrenta acusaciones por lesiones e intento de homicidio.
Expuso que el trabajo no ha sido suspendido, pero ha sido complejo, debido a que los fiscales y personal de investigación, cuyo número es limitado, tienen que trasladarse a diversos lugares.
Además de que los indiciados tienen derecho a defenderse, lo cual está supeditado a plazos y términos legales.
La fiscal anticorrupción preciso que en solamente en un año se realizaron 192 audiencias celebradas en los diversos Distritos Judiciales del Estado, en contra de funcionarios de la pasada administración estatal.
Y es que los procesos se han desarrollado con base a denuncias promovidas por particulares. El 80 por ciento ha sido así.
Aclaró que la FECC no puede determinar si los servidores públicos deben ser dados de baja ya que es responsabilidad de la Secretaría de la Contraloría del Estado llevar el procedimiento.
Aunque el ejercicio de la acción penal y administrativa son procedimientos distintos se pueden realizar de manera conjunta.
Villanueva Arzápalo destacó que aún están pendientes seis órdenes de aprehensión en contra de ex servidores públicos imputados por algún delito, están prófugos o cuentan con amparos promovidos que impiden su detención.
En relación a la recuperación de predios a favor del Estado, la Fiscal resaltó el aseguramiento de tres millones 968 mil metros cuadrados de espacio terrestre en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco.
Se trata de ocho predios que, en conjunto, registraron un avalúo de poco más de 108 millones 209 mil pesos y en los que están involucrados al menos 14 particulares que o bien prestaron sus nombres o son familiares de los ex funcionarios que se adueñaron de esta tierra.
La fiscal anticorrupción dio a conocer que la dependencia a su cargo ha promovido 26 alertas migratorias y 22 fichas rojas ante instancias internacionales para conseguir el cumplimiento de ordenamientos judiciales y órdenes de aprehensión contra imputados.
En estos dos años, la FECC ha combatido 74 juicios de amparo interpuestos por los imputados, de los cuales el 35.13 por ciento, es decir 26 amparos, están en trámite; el 25.68 por ciento, o sea 19 amparos; quedaron sin efecto o sobreseen.
El 14.87 por ciento, equivalente a 11 amparos no protegieron ni ampararon al quejoso, mientras que el 24.32, 18 amparos sí lograron protegerse ante la justicia federal.
Insistió en que se continuará con el deslinde de responsabilidades en contra de quienes atentaron contra el patrimonio de Quintana Roo.
