Ya son más de 100 amparos promovidos por ex funcionarios de la pasada administración que presuntamente incurrieron en despojo y daño patrimonial de Quintana Roo.
Inclusive, existen casos de ex servidores públicos que cuentan con dos recursos para evadir órdenes de aprehensión y autos de vinculación a proceso.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción realiza investigaciones y análisis de expedientes para deslindar responsabilidades.
El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y 17 colaboradores están bajo proceso de investigación y deslinde de responsabilidades.
La Fiscalía Anticorrupción procede en contra de Claudia Romanillos Villanueva, la cual obtuvo un amparo y está desaparecida.
El proceso judicial incluye a Mauricio Rodríguez Marrufo, el cual pese a haber reparado el daño es parte de él; también a Paulina García Achach, Juan Pablo Guillermo Molina, Mauricio Góngora Escalante, Román Quiam Alcocer, Luis Alberto González Flores y Gabriel Mendicuti Loría.
Figuran también Ercé Barrón Barrera, Mario Castro Basto, Fernando Escamilla Carrillo, Gonzalo Herrera Castilla, Victor Hugo Loyola Corona, Carlos Acosta Gutiérrez, Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, María de Lourdes Pinelo Nieto, Paula González Zetina, Ana Alicia Rivera Galera y César Celso González Hermosillo y Melgarejo.
Junto con Borge Angulo se ha detenido a nueve de sus ex colaboradores. La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) interpuso 27 denuncias penales en contra de 84 ex funcionarios.
El quebranto es de aproximadamente 30 mil millones de pesos, despojo a particulares y agravios a los derechos humanos.
La fiscal especializada en Combate a la Corrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, expuso que ya son más de 100 amparos promovidos por ex colaboradores de Borge Angulo. Se trabaja en los recursos de revisión correspondientes.
En otro contexto, expuso que el resolutivo del VI Juzgado de Distrito que considera prescrito el delito imputado al ex secretario de Infraestructura y Transportes, Mario Castro Basto, en el caso VIPSaesa, y permitió su liberación, fue apelado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Villanueva Arzápalo, consideró que el Tercer Colegiado de Circuito se pronunciará a favor del Recurso de Revisión.
La Carpeta de Investigación 151/2017 involucra a 12 ex colaboradores de Roberto Jorge Angulo, por supuestas irregularidades en el caso VIPSaesa.
Entre estos a Castro Basto, quien el 19 de agosto del año pasado fuera detenido en Mérida, Yucatan, pero el 12 de diciembre obtuvo su libertad mediante un amparo concedido por el Juzgado VI de Distrito.
La fiscal especializada en Combate a la Corrupción confirmó que tal acción ya fue combatida y en breve el órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto. Confió en que se dará la razón a la apelación, porque el amparo concedido al ex secretario de Infraestructura y Tranportes se funda en interpretación inadecuada de la Ley.
«El auto de vinculación fue considerado como Delito Instantáneo mientras que la orden de aprehensión como Continuado», destacó.
De validarse el Recurso de Revisión, el juez liberaría orden de reaprehensión.
Respecto al deslinde de responsabilidades en contra de funcionarios que atentaron contra el patrimonio de Quintana Roo, informó que se han liberado siete órdenes de aprehensión y cinco autos de vinculación.
Pero existen ex servidores públicos que se han amparado, inclusive contra órdenes de aprehensión y vinculación a proceso judicial. Actualmente existen seis funcionarios en prisión preventiva: dos en Playa del Carmen y cuatro en Chetumal.
En torno a Gabriel Mendicutti Loría, Carlos Acosta y Paula González Zetina, quienes obtuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria, pueden realizar actividades fuera de sus casas, en horario de oficina.
Para finalizar, la fiscal anticorrupción reiteró que el próximo 18 del presente se desarrollará la audiencia del ex gobernador Roberto Borge Angulo, por presunta falsificación de firmas en la solicitud del amparo encaminado a evitar su extradición.
De corroborarse permitiría su vinculación a proceso e iniciar el deslinde de responsabilidades. Todavía no se define si la ausencia será física o a través de medios electrónicos.
