La diputada Linda Cobos presentó la iniciativa por la que se expide la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado, cuyo objetivo es crear condiciones sostenibles para que la actividad apícola en Quintana Roo sea de relevancia socioeconómica.
De acuerdo con los últimos datos presentados por el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesca, Quintana Roo ocupó en 2019 el séptimo lugar nacional en producción de miel, con 3 mil 254.74 toneladas y un valor de producción de 96 mil 235.75 pesos.
De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, en el estado participan 4 mil 264 productores que cuentan con el registro de sus Unidades de Producción Pecuaria (UPP); 18 organizaciones apícolas y cooperativas dedicadas a la comercialización y 588 apicultores certificados en producción de miel orgánica pertenecientes a los municipios de Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas.
Con respecto a la exportación, Quintana Roo envía miel al mercado europeo principalmente al país de Alemania, a través de las empresas Educe y Apis Alimentaria.
La iniciativa presentada por la diputada Linda Cobos refiere que hace falta mayor impulso a la actividad apícola estatal, puesto que sus subproductos se producen a baja escala, por lo tanto no es representativo para la economía de la entidad.
La creación de una Ley de Protección y Fomento Apícola permitirá fortalecer la actividad apícola estatal y beneficiar a cientos de familias y decenas de comunidades que dependen de ello, además de establecer un marco jurídico que permita el aprovechamiento sustentable y la protección de las abejas, castigando a quienes las dañen o pongan en peligro su existencia.
Con esta iniciativa se derogará una obsoleta Ley de Protección y Fomento Apícola, que fue promulgada en septiembre de 2013, pero que no ha sido actualizada con un marco jurídico que sea acorde a la realidad de nuestro estado, indicó la legisladora del Distrito XIV y presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero.
La propuesta de ley tiene como objetivo definir claramente las obligaciones de las autoridades estatales y municipales; los derechos y obligaciones de los apicultores; la creación de un Comité Estatal Sistema Producto Apícola, cuyo objetivo es apoyar la ejecución de programas que incrementen la calidad y productividad de la apicultura.
También establecerá los requerimientos para la instalación de apiarios y sus mecanismos de protección; el registro de las marcas y propiedad de las colmenas ante las dependencias en la materia; la actualización del inventario de las áreas de vegetación del Estado, para identificar zonas apícolas que permitan el fomento de la actividad; la certificación de abejas reinas así como de la calidad de productos apícolas; la protección de las abejas de la aplicación de plaguicidas y de herbicidas en cultivos cercanos a sus colmenas; la sanción de quienes cometan acciones que dañen y/o pongan en riesgo a las abejas y colmenas; entre otras medidas.
“Es preciso un marco normativo que regule las acciones de la actividad apícola y al mismo tiempo permita el aprovechamiento de manera sustentable, con la finalidad de que las y los apicultores cuenten con las herramientas para fortalecer el mercado nacional y continuar incursionando en el mercado internacional; de igual manera adquieran la capacitación para la protección de las abejas, su población y diversidad, puesto que las abejas son elementos primordiales de la apicultura y meliponicultura, al recoger las sustancias nutritivas de las flores, polinizan, garantizando futuras generaciones de plantas. Con esta propuesta se cumplen los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, dado que es indispensable promover el crecimiento de la actividad apícola de manera amigable con el planeta, mejorando la producción de miel a través de políticas públicas que promuevan la conservación y el cuidado del medio ambiente”, concluyó la diputada Linda Cobos.
