El desestimiento de Tulum en la disputa por las comunidades de San Silverio y Yalchén obliga a replantear y de ser necesario, también a hacer ajustes en la Ley de Ingresos de Felipe Carrillo Puerto.
Porque un problema limítrofe no estará por encima del beneficio social de la población, señaló el coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena, Humberto Aldana Navarro.
Recientemente el presidente municipal de Tulum, Marciano Dzul Caamal, anunció que el 31 de diciembre será el último día cuando se haga cargo de responsabilidades operativas y financieras de tales comunidades, que en el 2023 pasarán a ser de Felipe Carrillo Puerto.
Con ello desiste del litigio por la posesión de San Silverio y Yalchén, que si bien están asentadas en Felipe Carrillo Puerto por un error del Instituto Nacional Estadística y Geografía (Inegi), corresponden a Tulum.
Aldana Navarro anticipó que tal determinación obliga a hacer análisis meticuloso en las leyes de ingreso de ambos municipios, sobre todo la de Felipe Carrillo Puerto, a fin de conocer su argumentación.
Porque si tales comunidades estaban fuera de su jurisdicción municipal, en el presupuesto solicitaba recursos para su atención, que en realidad era brindada por Tulum.
Garantizó habrá presupuesto para la población, solamente se trata de análisis de rigor.
