ROBERTO BORGE SERÁ IMPUTADO POR OTRO DELITO POR LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO

Es probable que el ex gobernador Roberto Borge Angulo sea sujeto a la imputación por un segundo delito.

Como estrategia, la defensa del ex mandatario estatal difirió la audiencia programada para el 14 del presente, confirmó la fiscal anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo.

El ex gobernador de Quintana es imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita.

En Quintana Roo se le acusa de Aprovechamiento Ilícito del Poder, Desempeño Irregular de la Función Pública y Peculado.

La fiscal especializada en combate a la corrupción anticipó la posibilidad de que el Estado realice la segunda imputación en contra de Borge Angulo.

Informó que se había fijado el 14 del presente para la realización de la audiencia intermedia contra el ex mandatario quintanarroense pero la defensa solicitó una prórroga ya que encontraron elementos probatoria a su favor.

Ante la existencia de elementos que fundamentan, hay confianza de que Borge Angulo sea sujeto a una segunda orden de aprehensión, que correspondería a Aprovechamiento Ilícito del Poder.

“(Roberto Borge) la está pagando y vamos a ver que la pague… Como ha sido un postulado de la presente administración”, advirtió.

El 4 de junio del 2017 Borge Angulo fue detenido en el Aeropuerto de Tucumen, Panamá, cuando pretendía viajara a Europa.

El 4 de enero del 2018 fue extraditado a México a petición de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), imputado por la enajenación de aproximadamente nueve mil 500 hectáreas de terreno, con dimensión de seis veces más que la Zona Hotelera de Cancún y 24 Isla Mujeres.

De ello el siete por ciento era reserva territorial de Bacalar; 10 de Felipe Carrillo Puerto; 20 de Tulum; 23 de Cozumel, de Benito Juárez fue el 36, Solidaridad el 52 mientras que Puerto Morelos el 60.

En otro contexto, Villanueva Arzápalo señaló que en agosto pasado recuperaron 71 millones de pesos más correspondientes a seis predios que ya fueron reintegrados a las finanzas estatales.

En tanto, Villanueva Arzapalo confirmó que desde la creación de la Fiscalía Anticorrupción se han iniciado 1,000 carpetas de investigación contra servidores públicos de la actual administración por delitos de abuso de confianza, enriquecimiento ilícito y desempeño irregular de la función pública.

Dijo que les preocupa el número de denuncias que se han presentado pero que están trabajando en temas de prevención. Aseguró que han firmado convenios de colaboración con los ayuntamientos de Cozumel y Lázaro Cárdenas y en fecha próxima lo harán con los de Benito Juárez y Tulum para impartir cursos de ética, integridad en la función pública, conductas de acción y omisión, licitaciones, adjudicaciones porque en derecho sabemos que el desconocimiento de la ley no los exime de la responsabilidad.

Agregó que en estos momentos personal de la Fiscalía Anticorrupción está en proceso de capacitación en Tabasco y la Ciudad de México en materia de lavado de dinero, extinción de dominico, análisis de investigación criminal aunado al hecho de que trabajan en la elaboración del plan estratégico de la fiscalía, la modificación a su reglamento interno y el nuevo organigrama que le dota de mayor autonomía.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) solicitará a un juez la orden de aprehensión en contra de R. D. A. L., ex contralor municipal de Solidaridad, con base a la carpeta 284/2019, por los delitos de: falsificación de documentos y uso de documentos falsos, así como usurpación de profesiones.

Este martes se desarrolló la audiencia inicial relativa a la carpeta de investigación FGE/QR/FECC/OPB/08/088/2019, en contra del ex funcionario municipal, sin embargo, éste no se presentó y fue tuvo que ser representado por un defensor de oficio.

El juez resolvió que estaba debidamente notificado, pero no se justificó su ausencia y, bajo las condiciones de incomparecencia, dejó en salvaguarda los derechos de la representación social, a fin de que pueda solicitar, con base al numeral 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), la conducción del imputado ante el órgano jurisdiccional, ya sea por orden de aprehensión o comparecencia.