Quintana Roo es de las pocas entidades con legislación para contrarrestar la Violencia Política de Género. Pero de poco servirá si no se aplican sanciones más severas en contra de quienes le promueven
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE), Tania Paola Ravel Cuevas, recomendó de ser necesario, reformar la Ley para cumplir con tal precepto.
Expuso que en otras entidades, como Chiapas y Oaxaca, por mencionar algunas, donde se percibe aun simulación en el empoderamiento de las mujeres y es donde se requiere trabajar con mayor asertividad.
En el caso de Quintana Roo ha habido fortalecimiento en el tema, pues en las últimas dos elecciones se creció del 14 al 27 por ciento en empoderamiento femenino, principalmente en presidencias municipales.
Sin embargo, la consejera electoral consideró necesario recrudecer las medidas en contra de quienes incurren en Violencia Política de Género y no solo quede en apercibimiento público.
“Deben de haber sanciones más severas para que haya costo político en contra de quienes incurran en actos de violencia política… Pasar de la amonestación pública a sanciones más severas para inhibir”, refirió.
En Quintana Roo solo se registra el caso de la magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), Claudia Carrillo Gasca, la cual denunció en agosto del 2016, a varios actores del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) y el propio órgano jurisdiccional, que presuntamente incurrieron en Violencia Política en su contra.
El expediente fue devuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al Instituto Nacional Electoral (INE) para le analice y pronuncie en lapso máximo de dos semanas.
