OPORTUNIDAD PARA LA REIVINDICACIÓN EN EL CONGRESO DEL ESTADO

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Por Esteban Guarneros Aragón
20-nov-2020
En octubre del 2018 en rueda de prensa los diputados de la Décima Quinta Legislatura del Congreso de Quintana Roo, daban marcha atrás a la convocatoria que días antes habían emitido para elegir al Fiscal General del Estado, ¿porqué el cambio?, a la distancia ahora confirmamos, lo que en su momento se escuchaba como un comentario pretendido, querían puestos gubernamentales para cumplir con compromisos políticos haciendo totalmente a un lado los intereses de la sociedad y se suponía era el “gobierno del cambio”.
“La naturaleza de la reforma es darle más amplitud de perfiles al Congreso. Abrir el abanico de posibilidades buscando quién puede tener el mejor perfil y que la residencia no sea una limitante, como no lo es en la Secretaría de Seguridad Pública”, así se escuchó, en esa rueda de prensa, Eduardo Martínez Arcila quien era presidente de la extinta Gran Comisión del Congreso local. El único criterio válido -se insistió- “será el de la capacidad y el profesionalismo”.

A dos años, ni capacidad, ni profesionalismo como mencionaba Martínez Arcila y los diputados que lo acompañaban, se encontraron en los cargos de la Fiscalía General y de la Secretaría Pública, los puestos que fueron ocupados por dos personajes cuestionados desde su llegada, Alberto Capella Ibarra y Óscar Montes de Oca Rosales, no cumplieron con el perfil según la apreciación de la sociedad y la aseveración de varios de los quintanarroenses perjudicados y dolientes.
El primero, Capella Ibarra, ya no está en el cargo. A su paso por la Secretaría de Seguridad Pública dejó más pendientes que resultados, más muertes, más secuestros, más robos, extorsiones donde no había. La ciudadanía manifestó diariamente en estos dos años que carecían de protección, de custodia y auxilio, sobre todo las mujeres.
El segundo, Montes de Oca, se aferra todavía al cargo a pesar de todos los reclamos que existen en su contra, por esa inoperancia que no se ve en el actuar de un fiscal que no logra encajar en el puesto. Los ciudadanos afirman y reclaman que es por esa falta de compromiso con Quintana Roo.
OTRO LEGISLATURA, POSIBILIDAD DE REIVINDICACIÓN CONGRESO-SOCIEDAD
Un grupo de personas arraigadas y nativas de Quintana Roo con diversos perfiles integradas en el llamado “Consejo Ciudadano de Chetumal” dieron el paso que muchos querían en la capital del Estado, pasar de los pronunciamientos de textos en redes sociales a presentarse en el Congreso local con un documento como iniciativa para que se establezca 10 años de residencia como mínimo para los funcionarios que deseen ocupar un cargo público en el gobierno estatal.
Después de dos años la legislatura del Congreso del Estado cambió, la bancada panistas, priísta y perredista ya no tiene mayoría en el recinto y ante éste panorama y bajo la mira y reflexión de lo sucedido en estas dos secretarías del actual gobierno estatal, se presenta la oportunidad para corregir errores del pasado. Hoy, la bancada Morenista que tampoco ha sido la mejor legislatura tiene la oportunidad de redimirse con la sociedad chetumaleña.
Solo queda la pregunta de si con la estancia o permanencia de 10 años en un lugar es suficiente para que un servidor público deba cumplir con responsabilidad, honestidad, capacidad y profesionalismo un cargo público; y si el amor a la tierra te hace invulnerable a la corrupción y a la indolencia ante tantos crímenes en Quintana Roo.
Y por último, en la capital de Quintana Roo muchos celebran esta decisión que tomó el Consejo Ciudadano de Chetumal y esperan sea el inicio de muchas determinaciones más para defender y luchar por sus derechos humanos, incluso, esperan sea el despertar para otros grupos civiles organizados involucrándose en asuntos políticos mal llevados que tanto daño le han hecho a la sociedad chetumaleña.




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