El 1 de junio del próximo año se realizará la elección extraordinaria de funcionarios judiciales.
Los ungidos rendirán protesta ante el Senado de la República el 1 de septiembre. 14 días después serán adscritos a los órganos que correspondan.
De acuerdo a la Promulgación de la Reforma Judicial se elegirán nueve ministros, cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, dos ministros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistrados de salas regionales, 820 jueces de distrito y magistrados de circuito y los juzgadores en las entidades.
El Instituto Nacional Electoral (INE) se encargará del proceso. El cronograma establece que el Consejo General se instalará antes del 23 de septiembre.
Los consejos locales le harán el 1 de noviembre, mientras que los distritales, al mes siguiente. En ninguno de estos órganos habrá representación de partidos políticos.
La convocatoria para la integración de listados de candidatos será emitida a más tardar el 16 de octubre.
La normatividad secundaria deberá ser aprobada por el Congreso de la Unión antes del 15 de diciembre. Los congresos locales tendrán máxime el 15 de marzo.
De igual modo, antes del 12 de febrero próximo quedará la conformación del Comité Evaluador de cada Poder, cuya función consistirá en la evaluación, elección de aspirantes y turnarles al INE.
Quienes resulten candidatos estarán en actividades proselitistas entre el 30 de marzo y 28 de mayo.
No tendrán financiamiento público ni privado, solamente tiempos en radio y televisión y acceso a debates.
Los partidos políticos quedaron impedidos para promover o criticar a participantes.
La Elección Extraordinaria de Ministros, Magistrados y Jueces se desarrollará el 1 de junio del 2025. Se proyecta cada ciudadano tenga seis boletas.
Si bien se utilizará el proyecto de casillas utilizadas en la pasada elección, los órganos directrices le analizarán y determinarán al igual que el número de funcionarios para mesas directivas.
Asimismo, mecanismos de sanción en caso de detectarse financiamiento ilegal o intervención de grupos fácticos.
Entre las prioridades inmediatas destaca definir el costo de la elección, publicidad de candidatos y uso de redes sociales.
Tras la elección habrá cómputos, publicación de resultados, entrega de constancias y declaratoria de validez de la elección.
Los inconformes tendrán derecho a impugnar y los recursos deberán ser resueltos a más tardar el 28 de agosto.
Los funcionarios judiciales validados rendirán protesta ante la Cámara de Senadores el 1 de septiembre y en el transcurso de la primera quincena serán adscritos al órgano judicial de su competencia.
Este esquema aun será analizado y perfeccionado por los órganos colegiados e INE.
