Con la reciente aprobación de reformas constitucionales, la XVIII Legislatura demostró está supeditada al poder Ejecutivo Estatal.
Eso es riesgoso, pues no hay contrapesos en la toma de decisiones y tampoco independencia de poderes, sentenció el presidente de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Othón P. Blanco, Raúl Villanueva Arguelles.
El 7 de agosto pasado la XVIII Legislatura aprobó con celeridad y sin convocar a todos sus integrantes reformas a la Constitución Política del Estado, denominadas “Paquete de impunidad”.
Pues el encargo del fiscal general del Estado pasó de nueve a 12 años, período similar es para el fiscal anticorrupción, los titulares de los órganos internos de control podrán estar hasta 14 años en sus posiciones, mientras que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo (TJAQRoo) fue disuelto para crear otro, cuyos integrantes sean designados a propuesta, en este caso de la gobernadora Mara Lezama Espinosa.
Tales reformas fueron avaladas en menos de 48 horas por los 11 cabildos municipales y la reforma fue promulgada.
Recientemente el Observatorio Ciudadano Legislativo de Quintana Roo manifestó que en menos de 15 días la XVIII Legislatura había ratificado supeditación a la gobernadora del Estado y por ende, distanciamiento con el pueblo que le llevó a tales posiciones.
Pues de las ocho sesiones celebradas, cuatro fueron de trámites y las otras para cumplir con las instrucciones del Poder Ejecutivo.
El presidente de la Coparmex Othón P. Blanco expuso preocupación al respecto, porque denota continúa la intención del Gobierno del Estado por mantener el control de los Poderes Legislativo y Judicial.
“No es sano… En México los tres poderes deben ser independientes y son necesarios los contrapesos… Sin embargo, vemos que en Quintana Roo continúa esa intención”, acusó.
Villanueva Arguelles destacó una vez más las reformas no fueron socializadas y aunque ya fueron promulgadas, ojalá sean para bien y no permitan al Poder Ejecutivo invadir competencias, no solo de los otros dos Poderes del Estado, sino de de otras instituciones, error reiterado y con consecuencias no solo para los actores políticos, también para la población.
