La fiscal especializada en Combate a la Corrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, confió en demostrar que el ex gobernador Roberto Borge Angulo incurrió en irregularidades al promover un amparo encaminado a evitar su extradición.
El próximo 18 del presente se desarrollará la audiencia en el Ceferepsi de Morelos, para determinar con base al dictamen que emita un perito grafoscopista, respecto a la posible falsificación de firmas.
En tanto, se analiza el expediente de extradición para continuar con el proceso judicial paralelo.
Hace un mes debió desarrollarse la audiencia pero la defensa de Borge Angulo le rechazó.
La fiscal anticorrupción informó que el próximo 18 del presente se desarrollará la prueba grafoscópica y de comprobarse hubo falsificación de firmas, se iniciará un nuevo procedimiento legal.
Y es que el ex gobernador de Quintana Roo promovió que la audiencia se desarrolle a través de medios electrónicos, lo cual es combatido para hacerle presencial.
“Estudiamos y analizamos la posibilidad de hacerle comparecer en el estado el próximo 18 de enero”, refirió.
Aunque la falta de uniformidad de criterios entre autoridades federales complica el deslinde de responsabilidades.
“Nos enfrentamos a grandes monstruos como es la defensa de Borge Angulo y nos complica que las autoridades federales no actúan con los mismos criterios… Evitamos dar información porque tiene ojos y oídos en varias partes”, expuso.
Villanueva Arzápalo consideró determinante los resultados de la prueba grafoscópica, pues de comprobarse la falsificación de firmas, podría iniciarse el proceso de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Asimismo, reiteró que coadyuva con la Procuraduría General de la República (PGR) en este proceso.
Debe recordarse que el ex gobernador de Quintana Roo fue detenido en el Aeropuerto de Panamá el 4 de junio del 2017. El 4 de enero del año pasado fue extraditado a México.
Se le imputan los presuntos delitos de Aprovechamiento Ilícito del Poder; Desempeño Irregular de la Función Pública y Peculado.
La PGR le ha asegurado 321 terrenos que enajenó de manera ilegal a Quintana Roo.
