Tras la muerte de María de la Cruz Carballo Bencono, ocurrida el viernes pasado al ser atropellada por un vehículo a exceso de velocidad, los dos familiares que dependían de ella quedaron en desamparo.
“Antonia” y “José” están en riesgo de ser desalojados de la casa donde habitan. Por si no bastara, aun adeudan los servicios de gastos funerarios que ascienden a nueve mil pesos y un préstamo de cuatro mil 500 para comprar la bóveda para su sepelio.
La empresa Grupo ATS Seguridad Empresarial S. A. de C. V. Seguridad y Limpieza para la cual trabajaba la difunta, se deslindó del hecho.
El viernes pasado María de la Cruz Carballo Bencono circulaba en bicicleta por la Avenida del Centenario entre Ignacio Manuel Altamirano y Francisco Zarco, cuando fue embestida por el carro tipo Atitudde color rojo con matrícula UUJ-797, cuyo conductor todavía está prófugo.
Fue arrastrada por casi 20 metros y falleció por traumatismo cráneo encefálico y estallamiento de órganos internos.
Cuando este hecho la mujer se dirigía a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a donde la empresa Grupo ATS Seguridad Empresarial S. A. de C. V. Seguridad y Limpieza, para la cual prestaba servicios, le tenía asignada.
El vehículo que supuestamente le atropelló fue encontrado afuera de un domicilio situado en la Calle 3 Circuito Norte con Ernesto Villanueva, de la Colonia Pacto Obrero. Estaba con el frente sumido a causa de un fuerte golpe y el lado derecho roto del parabrisas. Estaba abandonado y sin la placa trasera.
Hasta ahora la Policía Ministerial no ha dado resultados en torno a este caso, pese a las súplicas de familiares y amigos.
Los dos hijos de la difunta están desesperados porque la empresa no les apoyó para el pago del sepelio.
Tampoco les ha pagado lo correspondiente a la última quincena laborada por la fallecida.
Desde el deceso de su madre, la hija acudió a las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Avenida Chetumal con Jamaica, del Fraccionamiento Caribe, pero se ha hecho caso omiso.
Pese al tiempo laborado y riesgos de trabajo, la difunta no estaba incorporada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En tanto desean apoyo económico para solventar tales gastos.
Asimismo, suplican asesoría jurídica porque la semana pasada un grupo de personas trató de desalojarles de la vivienda donde habitan, ubicada en la Avenida Nicolás Bravo, entre Rio Verde y Altos de Sevilla, de la Colonia Solidaridad.
Dicho lugar está en litigio con familiares y carecen de medios para contratar un abogado que les asista en el juicio.
De igual modo, desean que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue y deslinde responsabilidades en contra del culpable de la muerte de su madre.
La ciudadanía se ha solidarizado con estas personas por las penurias que enfrentan.
