CUESTIONADAS INSTITUCIONES ELECTORALES PARA AFRONTAR EL PROCESO ELECTORAL DEL 2018

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POR ESTEBAN GUARNEROS.

El proceso electoral federal 2017-2018 inició formalmente el 8 de septiembre del presente año y los últimos acontecimientos nos muestra que las autoridades electorales encargadas de organizar el proceso tanto nacional como local, en nuestro caso, en Quintana Roo, no anuncian un desempeño tan organizado, imparcial y democrático como quisiéramos todos los ciudadanos.
Apunte Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Veamos, en el pasado mes de noviembre, en el 2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue severamente cuestionada, en materia de fiscalización, después de declinar a favor del priista Miguel Ángel Riquelme Solís a la gubernatura del estado de Coahuila. Según encabezados de algunos medios periodísticos el TEPJF borró de un plumazo un 1 millón 43 mil pesos en gastos de propaganda del PRI, lo que representaba haber rebasado el tope de gastos en las elecciones e implicaba según el Instituto Nacional Electoral la anulación de las elecciones, lo que no fue así. Todo esto sin agregar la rechazada también distribución de tarjetas y monederos “rosa” a lo que el TEPJF ignoró.
Apunte Instituto Nacional Electoral (INE).
Si las autoridades electorales fueron cuestionadas en la elección a gobernador por el estado de Coahuila, las llevadas en el estado de México fueron más controversiales con “actos intimidatorios, injerencia del gobierno, información falsa, acarreados y dinero a raudales”, según testimonios de analistas en materia electoral y lo que para ellos representa un foco rojo ante los comicios del 2018.
La compra y coacción del voto en la elección del Estado de México el año pasado, con la intervención de los gobiernos del PRI a nivel federal y estatal a la hora de repartir programas sociales con montos mayores a 500 millones de pesos en periodo electoral, fueron algunas
de las denuncias presentadas por los partidos PAN, MORENA y PRD al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), organismo duramente criticado ante su falta de impartir justicia electoral y no hacer eficientes las exigencias de sanciones según declaraciones de la opinión pública.
Ante todo este escenario político el INE se mostró pasivo pese a estar facultado para intervenir al tratarse de un proceso electoral cuestionado, el argumento expresado públicamente por parte del INE, para no interponerse, fue que “el IEEM cuenta con la suficiente fortaleza institucional para encarar el proceso electoral”.
Apunte Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEPADE).
En el mes de octubre del año pasado la Procuraduría General de la República (PGR), destituye al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) Santiago Nieto Castillo, bajo el argumento, aún en la perplejidad, de haber violado el código de conducta del órgano.
El suceso se da después de que Nieto Castillo declarara al Diario Reforma que Emilio Lozoya Austin, ex-director de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de la empresa Odebrecht al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la campaña presidencial de 2012. Ahora sabemos en testimonios grabados en videos y publicados por el colectivo de periodistas “El Quinto Elemento Lab” que Lozoya Austin está más que involucrado en casos de soborno y corrupción.
En agosto pasado, la FEPADE anunció el inicio de la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017 contra de Lozoya Austin, por el presunto financiamiento ilícito a las campañas electorales de 2012 con recursos de procedencia ilícita, supuestamente provenientes de sobornos de Odebrecht.
El proceso electoral federal se inició el 8 de septiembre y pasaron casi 4 meses después cuando fue nombrado Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños como nuevo fiscal para la FEPADE, un dato curioso es la votación del nuevo fiscal el cual se hizo por cédula, lo que permite votar en secreto a los legisladores. Santiago Nieto (el anterior fiscal) fue elegido con votación pública, en tablero, ¿por qué el cambio?
Otra alteración significativa fue la modificación al proyecto de convocatoria para elegir al nuevo titular de la FEPADE, eliminando el “candado” que impedía designar a cualquier candidato vinculado a algún partido político en los últimos seis años, Díaz-Santana Castaños no llega a la FEPADE del todo trasparente.
Apunte INE Quintana Roo.
Con la presencia de una nueva delegada (agosto 2016) del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Junta Local Ejecutiva en Quintana Roo, Claudia Rodríguez Sánchez tiene en frente un gran reto, si bien ha desempeñado varios cargos en el INE en éste será responsable, en todo el estado de la organización de las elecciones federales que el propio instituto llama “elección histórica”, donde le valdrá aplicar todos sus conocimientos y experiencia que no ponemos en duda para salir bien librada, pero si cuestionamos sus decisiones para autorizar acciones como aceptar la permanencia en su consejo electoral del cuestionado Enrique Norberto Mora Castillo, investigado por pleitos legales.
El consejo electoral debe ser integrado por ciudadanos que poseen una “buena reputación”, manifestado como uno de los requisitos obligados para ser integrante de este selecto grupo de mujeres y hombres, que tendrán una función primordial en las decisiones de los trabajos electorales, pues bien, el consejero Mora Castillo fue seriamente cuestionado cuando estuvo como titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), su relación con políticos y funcionarios priístas no le permitió emitir ninguna recomendación hacia las dependencias donde los titulares compartían vinculo de amistad con él.
Otro caso de no buena conducta de Enrique Norberto Mora fue la ocasión que protagonizó un escándalo en medios de comunicación, argumentando que, el propio titular de la Cdheqroo, había sido violentado en sus derechos humanos al ser detenido en un reten federal para una simple revisión vehicular. Las investigaciones y testimonios de los propios policías federales fue que el ombudsman de Quintana Roo se sintió superior a cualquier ciudadano y se mostró prepotente por el cargo que ostentaba en ese momento, llegando incluso amenazar a los oficiales de destituirlos de su cargo.
Como dato, Enrique Mora Castillo fue rechazado, en el 2015, cuando participó como aspirante a consejero electoral para integrar el
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), Mora Castillo fue investigado hasta por sus pleitos legales, además de su desempeño en cargos públicos por los consejeros del INE como parte de su en el procedimiento de designación que lleva a cabo el instituto en la selección del personal a estos cargos electorales.
Apunte Instituto Electoral de Quintana Roo
Sin duda alguna el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) más cuestionado, desde su creación en el 2002, es el actual debido a una serie de actos que no solo pone en duda el proceder como funcionarios, sino como personas de respetable capacidad para pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad.
Hagamos memoria, la llegada en el 2015 de la consejera presidente Mayra San Román Carrillo Medina al Ieqroo, fue por la opinión pública desaprobada desde un inicio ya que se cuestionaba su nivel de capacidad para el puesto, de igual forma se criticó a los demás consejeros electorales por tener una marcada relación con ciertos funcionarios gubernamentales y políticos, lo segundo los llevó, en el mes de noviembre del año pasado a una disyuntiva de poder que por sus marcadas diferencias entre ellos, los cuales deben ser menores y colocar por encima el cumplimiento al trabajo institucional, llevo al Ieqroo a no cumplir en tiempo con el proyecto de presupuesto 2018 ante el Congreso del Estado.
Otro hecho por el control del poder entre consejeros y de actos de integridad entre directivos del Ieqroo, fue el que realizó la consejera electoral Claudia Carrillo Gasca el 6 de agosto del 2016 ante la FEPADE, una denuncia penal en contra de funcionarios del Ieqroo por la apertura ilegal de los paquetes electorales y el uso de las listas nominales presuntamente para beneficio del PRI.
Ante estos hechos en el mes de junio del 2017 renuncia al cargo de director de Partidos Políticos del Ieqroo José Luis González Nolasco, con una investigación aún no resuelta en su contra, posteriormente en el mes de noviembre Luis Alberto Alcocer Angüiano director de Organización del Instituto Electoral de Quintana Roo, igualmente renuncia a su cargo ambos investigados por la FEPADE, el INE y la Fiscalía de Justicia del Estado. Las denuncias consigna también a la consejera presidente Mayra San Román Carrillo Medina quien supuestamente dio la orden, sin argumentar una razón puntual, de la
apertura ilegal de los paquetes electorales y el uso de las listas nominales.
Apunte Tribunal Electoral de Quintana Roo
En el mes de mayo del 2017 el presidente magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas se hicieron público hechos que pusieron en duda su credibilidad y confianza como autoridad de éste organismo, el suceso llevó al titular renunciar al cargo, ante la presión de un juicio político que ejercieron diputados de la Comisión de Justicia de la XV legislatura, los hechos lo vinculaban con el entonces gobernador Roberto Borge Angulo en un intento de manipulación en el manejo de los resultados de los comicios del 2016.
El caso llegó hasta la Sala Superior de Justicia Electoral donde se dio marcha atrás a la solicitud de juicio político, bajo el argumento de que el Congreso del Estado es una autoridad incompetente. Sin embargo, la renuncia del magistrado dejó mucho que pensar porque su intento de separación al cargo la presentaba días después de la difusión de un audio donde se escuchaba intimidar y reclamar a un consejero electoral y ofender a la presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo, recordándole, entre muchas cosas, que el puesto de consejero electoral lo obtuvo gracias a la intervención del gobernador. Actualmente los tres funcionarios son los mismos solo que ahora Víctor Vivas es magistrado numerario y Nora Leticia Cerón González pasó de ser magistrada numeraria a presidente.
En una entrevista ya como presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, se le preguntó a Cerón González qué opinaba sobre los hechos donde se involucraba a Vivas Vivas de deshonestidad a la institución electoral, ella comentó desconocer los hechos y mejorar su relación con los diputados locales tras el juicio político en su contra.
La denuncia presentada se fundamenta en violaciones a diversos puntos del artículo 6 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo. En las fracciones segunda: ataque a las instituciones democráticas; séptima, usurpación de atribuciones y funciones; décima, abandono o desatención injustificada de sus funciones; y décima segunda, notoria negligencia o torpeza en el desempeño de las funciones públicas.
Después de este recorrido por las distintas instituciones electorales federal y local, el próximo 1 de julio de 2018 se llevará a cabo una
elección que para los analistas es histórica por su magnitud, pues por primera vez concurren 30 elecciones locales y los comicios federales para la renovación de la presidencia de la república, 128 senadores del Congreso de la Unión, 500 diputados federales de la cámara baja y representará la posibilidad de votar a más de 85 millones 953 mil 712 personas.
Por eso amable lector antes de emitir su voto observe, escuche y analice en este proceso electoral, todas las propuestas de todos los involucrados y no deje de informarse de lo que realizan las autoridades electorales porque en manos de ellos está la última elección de su voto.




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