Desfalcos acumulados por más de 4 millones de pesos fue lo que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dentro de la Cuenta Pública 2017, en el maneo de los recursos que recibieron el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Quintana Roo y el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (Ieea).
En principio, el máximo órgano de fiscalización mexicano demanda la recuperación de 4 millones 102 mil 226 pesos, por “un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública”, pero también la corrección del desorden administrativo que derivaron en el incumplimiento de las metas fijadas en ambos órganos educativos.
Las irregularidades que observó la ASF corresponden al presupuesto erogado del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Faeta), de acuerdo con el informe contenido en la auditoría de cumplimiento financiero 2017-A-23000-16-1270-2018.
En el dictamen emitido a finales de febrero de 2019, se señala que la respuesta entregada por el gobierno del estado ante los señalamientos del ASF, “no reúne las características de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado”.
El máximo órgano fiscalizador del país documentó que el Conalep Quintana Roo realizó pagos a 11 empleados por 3 millones 119 mil 100 pesos para funciones que no cumplían con los objetivos del Faeta, y demanda la reintegración de esos recursos “más los intereses generados”.
La otra parte se deriva de un subejercicio en el Ieea por 1 millón 433 mil 100 pesos y del cual el organismo sólo devolvió a la Federación 474 mil 100 pesos. Por ello, la ASF le exige la reintegración de los 959 mil pesos faltantes, más 33 mil 100 pesos de “rendimientos financieros”.
Los objetivos trazados por la entrega de los recursos federales quedaron muy lejos de alcanzarse. El Conalep Quintana Roo apenas llegó al 52.7 por ciento de eficiencia, es decir, se titularon aproximadamente la mitad de quienes debían hacerlo en ese año. Y nada más captó el 14.7 por ciento de estudiantes del total de quienes pudieron haberse inscrito.
El manejo irregular de los recursos también quedó en evidencia cuando estos órganos educativos no reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal, en el Sistema de Formato Único, las comprobaciones de ejecución del gasto.
Además, el Ieea ni siquiera abrió una cuenta específica para la recepción y el manejo del dinero que le trasladó la Federación, como marca la ley.
