Las modificaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que exige “Estudio Técnico Justificativo de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales” estaría impidiendo que en Quintana Roo se realicen al menos durante el 2020 nuevos desarrollos habitacionales afectando a unas 17 empresas constructoras dedicadas a este rubro así como unos 50 mil empleos directo en medio de la pandemia del covid 19, aseguró el Secretario General del PRI en Quintana Roo, José Alberto Alonso Ovando.
«En plena pandemia, el Gobierno Federal asesta un golpe brutal a la industria de la construcción de vivienda en Quintana Roo, al obligar a los desarrolladores a presentar el estudio técnico de uso de suelo en terrenos forestales no obstante que los terrenos a desarrollar esten dentro del plan de desarrollo urbano de la ciudad.
Alonso Ovando, señaló que esta situación es sumamente grave, ya que además de violentar un documento plenamente consensuado como lo es un Plan de Desarrollo Urbano, retrasa hasta un año el inicio de la construcción de un desarrollo habitacional ya que resaltó no tiene ningún sentido pedirle a un desarrollador que le quite el uso de suelo forestal a un terreno que ya forma parte de la mancha urbana y está sujeto a un PDU y que adicionalmente la medida recaudatoria únicamente encarecerá el precio de la vivienda en la entidad.
«Es un trámite engorroso que tarda más de un año y que normalmente sale aprobado es sin duda es una medida recaudatoria que incrementara el costo de la vivienda para las familias quintanarroenses ademas que hara que no se inicie ningun desarrollo nuevo en 2020.
Enfatizó que el impacto no solo será económico y social ya que miles de familias quintanarroenses se quedarán sin opción para adquirir viviendas accesibles ya que en 2019 la venta de vivienda en Quintana Roo se redujo un 22 por ciento como consecuencia de la eliminación de los subsidios para la adquisición de vivienda y el exceso de trámites.
