La protección jurídica de los maestros frente a acusaciones infundadas y la aplicación de sanciones a quienes incurran en señalamientos sin sustento son los principales objetivos de la iniciativa ciudadana presentada ante el Congreso de Quintana Roo, afirmó Arimael Salas Alcocer, secretario general de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
El dirigente del SNTE sección 25 sostuvo que esta iniciativabusca garantizar el derecho a la presunción de inocencia y fortalecer los mecanismos de defensa del magisterio y la propuesta se suma a una iniciativa impulsada a nivel nacional por su dirigente nacional ante el Senado de la República y con ello reforzar la protección de los trabajadores de la educación.
Detalló que la iniciativa ciudadana fue presentada hace algunas semanas ante el Poder Legislativo de Quintana Roo y actualmente se encuentra en revisión la cual contempla no solo el establecimiento de protocolos de protección para los docentes, sino también garantías para que puedan defenderse ante señalamientos que consideren infundados.
Señaló que los maestros enfrentan situaciones en las que pueden ser acusados por padres de familia o alumnos sin que, desde su perspectiva, existan mecanismos suficientes para garantizarles una defensa adecuada, advirtiendo que esta situación puede colocar a los trabajadores de la educación en una posición de vulnerabilidad al momento de responder a las denuncias.
Sostuvo que la iniciativa busca establecer que las acusaciones deban sustentarse debidamente y que, cuando se compruebe que fueron realizadas de manera infundada, puedan aplicarse las sanciones correspondientes conforme a la ley.
Aclaró que el planteamiento no pretende impedir las denuncias legítimas, sino evitar que los señalamientos sin sustento afecten injustamente a los docentes ya que incluso los maestros puedan encontrar obstáculos para acceder a medidas de protección bajo el argumento de que son servidores públicos
Confió en que los legisladores locales revisen la propuesta y consideren las necesidades del magisterio, con el propósito de avanzar hacia un marco de protección que permita a los docentes ejercer su labor con mayores garantías jurídicas y certeza en sus derechos.