BACALAR.- El deslinde de responsabilidades en contra del ex presidente municipal de Bacalar, Manuel Alexander Zetina Aguiluz, por supuesto Desempeño Irregular de la Función Pública, quedó suspendido por unos días.
El regidor Juan Pablo García Ibarra, promovente del juicio, advirtió que no evadirá la acción penal.
En tal procedimiento están imputados la síndico y el tesorero municipal, Sandra del Rocío Peraza Manrique y Juan Gabriel Borges Chim, respectivamente.
Con base a la carpeta administrativa 182/2021, son imputados por el presunto despojo de un terreno de alta plusvalía, que es patrimonio de Bacalar.
Este lunes se desarrollaría la audiencia inicial sin detenido en el Juzgado Primero de Distrito Judicial de Chetumal, de los tres funcionarios señalados.
Sin embargo, solicitaron sea diferida por cuestiones extraordinarias y de salud de uno de ellos.
El juez concedió aplazar el encuentro hasta nuevo aviso.
García Ibarra consideró que solo es una estrategia para ganar tiempo pero advirtió que no servirá para evadan la Ley.
Porque a su juicio los servidores públicos de Bacalar incurrieron en delito grave y el procedimiento judicial es inevitable.
Durante la última sesión de cabildo de Bacalar llegaron agentes de la Policía Ministerial de Investigación (PMI) en busca de documentación y evidencias relacionadas con el delito imputado.
Desde hace semanas la síndico municipal de Bacalar no acude a las sesiones del cuerpo colegiado. El tesorero se reportó enfermo y bajo tratamiento estricto que le impide ir a su oficina.
Trascendió que el presidente municipal regulariza sus asuntos y documentación, pues al concluir su gestión se irá a vivir a otro país.
En el 2019, la concejal María Trinidad Guillén Núñez interpuso querella ante la Fiscalía General del Estado en contra de los tres funcionarios citados, por presunto enriquecimiento ilícito y despojo de terrenos.
La denuncia no prosperó pero quedó el antecedente.
