La encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Roxana Lilí Campos Miranda, señaló que es urgente implementar estrategias integrales que promuevan entre el personal de la institución el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, primer paso para recuperar la confianza de la sociedad y poder garantizar la impartición de justicia en completo apego al derecho. Lo anterior, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que dio pie a la conferencia “Conoce y Defiende tus derechos” realizado en el vestíbulo del Congreso del Estado de Quintana Roo.
Ahí puntualizó que a partir del respeto de los derechos humanos, la Fiscalía del Estado trabaja en la protección de la dignidad humana, que es una responsabilidad compartida en todos los ámbitos de la administración pública con los tres poderes del estado y con los órdenes de gobierno, mediante un trabajo coordinado e institucional que permita a los servidores públicos encargados de la procuración de justicia, recuperar la confianza de la sociedad realizando investigaciones apegadas a derecho, sin transgredir las garantías individuales de los imputados y garantizando la integridad de la víctima.
Señaló que derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, todas las autoridades están obligadas a promover, respetar y garantizar los derechos fundamentales que incluyen los de los imputados, como por ejemplo al debido proceso y adecuada defensa.
El delito es un fenómeno complejo que requiere ser analizado desde la perspectiva de derechos humanos, por lo que la Fiscalía asume la responsabilidad y está comprometida en realizar un trabajo de calidad con estricto apego a la ley, pues las secuelas que genera una conducta delictiva es un tema de relevancia para la actual administración, sobre todo para resarcir el daño y abatir la impunidad.
La Fiscalía se encuentra reforzando todas las capacidades para actuar profesionalmente en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio que permita procurar una justicia transparente, eficiente y eficaz bajo los principios de oralidad, inmediación, concentración, continuidad y publicidad, y en estricto apego en el respeto de los derechos humanos de las victimas e imputados.
