Chetumal.- El PRI emplaza a todos los partidos y diputados independientes que integran la XV Legislatura a darle celeridad al estudio, análisis y dictamen de la Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, iniciativa que “extrañamente” se encuentra en la congeladora legislativa y que urge para detener la corrupción y ausencia de transparencia en actos de gobierno y del propio Poder Legislativo, que hoy demanda la sociedad quintanarroense vía redes sociales.
Indicó el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Raymundo King de la Rosa, quien dijo que sin miedo, ni más pretextos absurdos todos los diputados de los partidos opositores al PRI – PAN, PRD, MORENA, PNAL y PES – y sus aliados “Independientes” se pongan a trabajar para que de manera inmediata se apruebe el Sistema Estatal Anticorrupción.
Señaló que la iniciativa estatal de la Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en la Entidad fue ingresada por el grupo parlamentario del PRI en la XV Legislatura, el miércoles 9 de noviembre de 2016 en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado y posteriormente, un mes después fue turnada a comisiones por parte de la mesa directiva en turno, sin que a la fecha se cite a los legisladores a trabajar en comisiones para que aporten lo que se requiera para enriquecer dicha iniciativa.
Es necesario que la sociedad conozca que el PRI está combatiendo de frente y con todo a la corrupción sin embargo, ahora son los partidos políticos – PAN, PRD, MORENA, PNAL y PES- quienes parecen no estar interesados en que entren en vigor todas las nuevas figuras creadas a nivel federal, sobre todo el nuevo Comité Coordinador que estará encabezado por un ciudadano quintanarroense totalmente apartidista, de alta calidad moral y conducta intachable ante la sociedad.
Paradójicamente –aseveró Raymundo King- quienes más señalaron y denunciaron presuntos actos corrupción hoy son quienes tienen en sus manos aprobar la iniciativa para la Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en la Entidad y no quieren o no les han dado la indicación de aprobar dicho ordenamiento federal o a lo mejor tienen miedo que la sociedad quintanarroense les vigile las manos.
Recordó que Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en la Entidad habrá un Comité de Participación Ciudadana integrado por personas sin filiación partidista que se hayan destacado por sus acciones en la materia, es decir, en el justo reclamo de la transparencia y aplicación de la ley en el uso adecuado de los recursos públicos.
Raymundo King indicó que pareciera que principalmente los legisladores del PAN y PRD y diputados aliados, tienen miedo que al aprobarse el Sistema Nacional Anticorrupción en la Entidad, sean evaluadas las políticas públicas en materia de anticorrupción, sean detectadas algunas malversaciones y actos de prepotencia en el gobierno y en el propio Congreso que diariamente son denunciadas en redes sociales por los ciudadanos afectados en sus derechos laborales.
El PRI reta a los partidos representados en la XV Legislatura PRI – PAN, PRD, MORENA, PNAL y PES – a aprobar Sistema Nacional Anticorrupción en la Entidad, para que Quintana Roo pueda contar con diversos mecanismos que buscan prevenir los actos de corrupción: Códigos de Ética, protocolos de actuación y mecanismos de autoregulación, ya todo en la ley y en respuesta a lo que los ciudadanos piden, que es abatir y erradicar la corrupción, precisó.
El dirigente estatal del PRI, Raymundo King, recordó que esta iniciativa de Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en la Entidad está firmadapor las legisladoras priistas Candy Ayuso, Leslie Hendricks y Jenny Juárez y los diputados Alberto Vado y José Luis Mendoza, y de aprobarse establecerá diversos instrumentos que permiten una rendición de cuentas clara y efectiva y que estarán coordinados con la Plataforma Digital Nacional, conformada por el Sistema de Evolución Patrimonial y de declaración de intereses; el Sistema Nacional de Fiscalización; el Directorio de Servidores Públicos que participan en contrataciones públicas y las denuncias públicas por faltas administrativas y hechos de corrupción.
