La partida denominada “ayuda social” aprobada por el congreso de Quintana Roo, que en este 2021 asciende a los 75.5 millones de pesos, derivó a que 4 de los 5 miembros del Comité́ de Participación Ciudadana (CPC), interpusieron una demanda de amparo ante el juez de distrito en materia administrativa en el estado.
En conferencia de prensa virtual, Cynthia Dehesa Guzmán, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, señalo que este amparo se deriva en razón a que esta partida es contraria a las funciones constitucionales del Poder Legislativo, gastando recursos millonarios en acciones que no le corresponden ya que esta cae en el poder Ejecutivo.
Aseveró que los recursos de esta partida se usan de manera discrecional de una manera clientelar en especial cuando se entra en un proceso electoral, pues es fundamental que estos recursos se utilicen para modificar la vida de las personas y no para ganar votos.
Destacó que el amparo de ser efectivo aplicaría en la entidad y obligaría a la modificación de la ley orgánica del poder legislativo sentando precedentes en la materia en el país.
