Chetumal, Quintana Roo .- La presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología en la Décimo Quinta Legislatura del Congreso del Estado, Candy Ayuso Achach, presentó ante el Pleno Legislativo, la iniciativa de Ley de Servicios Auxiliares de Transporte Público, que tiene como objetivo construir un nuevo marco legal que dé certidumbre a los ciudadanos sobre los servicios concesionarios de Grúas (Arrastre y Salvamento) y de Corralones (Depósito y Guarda).
La legisladora integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que con la aprobación de esta ley, se regularán los servicios que prestan los concesionarios de grúas y corralones, cuando se suscitan hechos donde tiene que intervenir la autoridad policial.
Si bien, la diputada priista, advirtió la necesidad de regular ambos servicios, debido a las quejas ciudadanas en contra de las empresas que dan el servicio de grúas y corralones en el Estado, que son cotidianas.
Expuso que constantemente los medios de comunicación documentan situaciones como cobros indebidos y excesivos a los usuarios de estos servicios, daños y robos de partes en los vehículos que son depositados en los corralones, servicios de grúas sin que cuenten con las concesiones respectivas, falta de conocimiento de las tarifas que se tienen que cubrir para el arrastre de los vehículos en grúas o por su estadía en el corralón.
De igual manera, señaló que en el pasado, se han documentado arreglos entre autoridades y propietarios de grúas y corralones que pudieran tipificarse como actos de corrupción.
Y es que mencionó que los servicios públicos auxiliares de transporte, en sus modalidades de arrastre y salvamento, y de depósito y guarda, están débilmente regulados en las leyes de Quintana Roo.
Por lo anterior, Ayuso Achach, aseguró que se requiere en el Estado, un marco legal que nos brinde certidumbre sobre la actuación, tanto de los concesionarios de los servicios públicos auxiliares de transporte, como de las autoridades competentes, con la finalidad de evitar abusos y mejorar la calidad del servicio.
Sostuvo que con la presente iniciativa, se refuerzan las acciones y procedimientos que debe implementar la autoridad de transporte, regulando los actos entre los particulares y propietarios de grúas y corralones en los que participa la autoridad de seguridad pública estatal o municipal.
Aclaró que con esta ley, no se pretende regular las relaciones entre los particulares y las los concesionarios, pero sí permitirá establecer los requisitos mínimos para
obtener una concesión de grúas o de corralón, y fortalecerá la actuación de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SINTRA).
Asimismo, obligará el establecimiento de tarifas anuales que deben ser publicadas en el Periódico Oficial y deben ser visibles para los ciudadanos en las oficinas de los concesionarios de grúas y corralones.
Obliga también a los concesionarios a llevar reportes pormenorizados de los vehículos que arrastran o guardan en depósito, haciéndose responsables de los daños que sufran los vehículos que estén ya bajo su responsabilidad así como a los concesionarios de corralones a tener un sistema de información que permita a los usuarios seguir vía internet las fichas de sus vehículos que se encuentren en el corralón.
De igual forma, indica las características que deben tener las grúas y la superficie mínima con que deben contar los corralones y establece un procedimiento expedito para el remate de vehículos abandonados en corralones, ya que esta Ley considera como asunto de salud y ecología la aglomeración de vehículos abandonados en corralones.
Determina así también las causas de suspensión o cancelación de las concesiones, así como su vigencia y refrendo; y establece reglas claras para la zonificación del servicio, indicando que la autoridad tiene que dar preferencia al concesionario más cercano al incidente de tránsito.
Finalmente, la legisladora de la Bancada Priista, afirmó que la legislatura, está consciente que su actuación está dirigida a dar certidumbre a los ciudadanos sobre el actuar de sus autoridades y de los servicios que concesionarán.
