Aunque no parezca, continúa el cambio y venta de menores, principalmente mujeres, por dinero, inmuebles y hasta animales, en algunas partes de Quintana Roo.
Los usos y costumbres y desconocimiento de la Ley, favorece tal delito.
El diputado Julio Efrén Montenegro Aguilar y las integrantes de la Red Feminista Quintanarroense (RFQ), Yunitzilim Rodríguez Pedraza, Ericka Cornelio Ramos y Ariadne Song Anguas, promovieron una iniciativa encaminada a erradicarle.
Asimismo, pretende que la Secretaría Estatal de Salud (Sesa) otorgue toallas femeninas en escuelas públicas, inclusive de Nivel Básico, de la entidad.
En las zonas Maya y Limítrofe con Campeche ocurre los fenómenos de la venta y cambio de menores de edad.
Las niñas son vistas como mercancía para que los padres obtengan algún beneficio.
“Las menores son vendidas o cambiadas por dinero, terrenos y hasta vacas… Los padres aseguran su patrimonio y firman el consentimiento para las uniones entre menores y adultos”, expuso Montenegro Aguilar.
Existen normas que sancionan tales conductas pero son burladas, por eso se pretende se haga Ley que le sanciones como delito y le prohíba, asentó.
La RFQ ha detectó recientemente dos casos en Bacalar, de menores que fueron obligadas a contraer matrimonio con adultos de más de 40 años, indico Rodríguez Pedraza.
Pero existe “cifra negra”, es decir la que no llega a las instituciones, que puede ser hasta el triple de casos.
Esta situación se registra en comunidades distantes de las ciudades de Quintana Roo, afirmó.
Esos actos son “normalizados” por varones desde temprana edad y luego les reproducen más adelante, indicó.
De prosperar la iniciativa, tales conductas serán punibles de delito. Serían aplicables también hasta las autoridades que formalizan esas uniones.
En otro contexto, el diputado y la RFQ promueven a través de una iniciativa, obligar a que el Sector Salud distribuya toallas femeninas en escuelas públicas.
Porque existen estudiantes que sin esperarle presentan “la menarca”, es decir su primera menstruación en la Primaria.
El desconocimiento les lleva a conductas inapropiadas, que inclusive les hacen sentir culpables, y estigmatizadas.
Porque así como se distribuyen preservativos y realizan pruebas rápidas de VIH, debe ser obligatoria la entrega de toallas femeninas entre estudiantes mujeres.
Solamente el año pasado la Sesa gastó tres millones de pesos para la adquisición de preservativos y cinco en la realización de pruebas rápidas.
