Al perder su autonomía y estar ligado desde su creación a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo mantiene un riesgo latente de ser “capturado”, advirtió Cynthia Dehesa Guzmán, presidenta de Ciudadanos por la Transparencia.
Dehesa Guzmán señaló que la reforma representa un retroceso en materia de acceso a la información, pues un órgano de transparencia sin independencia está expuesto a la injerencia del Poder Ejecutivo.
Advirtió que sería injusto que el acceso a la información variara según el municipio o el poder en turno y que en un escenario hipotético la ciudadanía de Othón P. Blanco tenga menos acceso que la de Benito Juárez, o que los derechos cambien dependiendo de quién gobierne.
La activista dijo que si bien la modificación se realizó a nivel federal y, en consecuencia, los estados deben adecuar sus leyes locales, en Quintana Roo, la nueva ley de transparencia fue aprobada recientemente por lo que aún falta observar cómo se implementará.
Sostuvo que habrá que ver cómo se empieza a aterrizar el Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Puebloconfiando que haya apertura para resarcir errores reiterando que siempre es un riesgo latente de que sea un modelo de control gubernamental.
Reconoció, sin embargo, que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno impulsó procesos de participación ciudadana, esto gracias al trabajo conjunto con organizaciones ambientalistas incorporándose una sección robusta en materia medioambiental dentro de la ley, lo que permitirá atender preocupaciones como las manifestaciones de impacto ambiental.
“Un órgano de transparencia que no tiene independencia sí o sí puede ser capturado, y ese es un riesgo permanente”, expresó.
