El Estado carece de recursos para la realización de la consulta respecto a la operación de Aguakán en la prestación de servicio en la Zona Norte.
El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) quedó obligado a ejecutarle con recursos propios.
Desde el año pasado las quejas contra la empresa fueron demasiadas. Habitantes de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel e Isla Mujeres solicitaron al órgano electoral someta a consulta su permanencia.
Durante la sesión virtual de este jueves, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) confirmó la imposibilidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de transferir los 21 millones 800 mil pesos al Ieqroo para la realización de la consulta pública en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres sobre la revocación de la concesión a la empresa Aguakan el 6 de junio pero dejó a salvo los derechos del órgano local para realizar los ajustes necesarios en cuanto a la nueva fecha que se defina.
El magistrado Sergio Avilés Demhenegui explicó que en acatamiento de la sentencia de la Sala Superior se analizó el artículo 58 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, que establece que el gobierno del Estado, a través de la Sefiplan, está obligado a proporcionar los recursos para la realización de la consulta popular.
La Sefiplan confirmó que se encuentra imposibilitada de proporcionar los recursos debido a los efectos de la pandemia.
El Ieqroo realizará ajustes presupuestales pero los recursos ya habían sido aplicados parcial y totalmente en acciones inherentes al proceso electoral. Ante esa situación, y tomando en cuenta la organización, impresión de boletas y acciones inherentes, se hace imposible la realización de la consulta popular el 6 de junio.
Avilés Demeghi aclaró que quedan a salvo los derechos y atribuciones constitucionales del Ieqroo para continuar con las gestiones ante el poder Ejecutivo, de manera particular la Sefiplan, para conseguir los recursos y poder realizar la consulta popular. La fecha será determinada por el Consejo General del Ieqroo.
Nadie está obligado a lo imposible y el juzgador sólo previene lo ordinario, señaló. Estamos en una condición atípica y extraordinaria donde no hay recursos para que el gobierno del Estado, obligado por la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo para proporcionar los recursos, y se realice la consulta popular.
Aunque la magistrada Claudia Carrillo Gasca manifestó su rechazo al proyecto y pidió fijarle al Ieqroo una fecha para la realización de la consulta, el magistrado ponente explicó que no se puede rebasar las funciones de cada órgano electoral ya que corresponde al Consejo General del Ieqroo determinar el plazo para cumplir con dicha consulta popular.
Carrillo Gasca acusó al Ieqroo de desinterés y omisiones para realizar la consulta popular pues dijo que la consejera presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina, debió prever la situación económica.
