Seis diputadas y diputados de Morena en el Congreso de Quintana Roo rechazan la parálisis en la que se encuentra la XVI Legislatura como resultado de una determinación tomada de manera unilateral y sin fundamento jurídico.
Los diputados están conscientes de la salud es primordial pero el trabajo legislativo debe continuar.
Los legisladores, Euterpe Gutiérrez Valasis, Erika Castillo, Paula Pech, Edgar Gasca Arceo, Wilbert Batun y Luis Fernando Chávez denunciaron ante el Órgano Interno de Control del Poder Legislativo estos actos u omisiones en que incurrió el secretario general del Poder Legislativo, José Polanco Bueno y manifestaron que ellos rechazan la parálisis.
La diputada Euterpe Gutiérrez Valais, presidenta de la Comisión Anticorrupción de la XVI Legislatura espera una investigación apegada a derecho, en la que se aclaren estos hechos de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siendo que los legisladores que interpusieron este recurso consideran que hay un abuso en las funciones del funcionario.
Los diputados señalan que el pasado 2 de julio, José Polanco Bueno, quien actualmente se desempeña como Secretario General del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, suscribió un Oficio Circular con vigencia del 1 al 15 de julio mediante el cual comunica a los diputados de esta XVI Legislatura, cuatro disposiciones por las que suspende las reuniones y sesiones de Comisiones Ordinarias presenciales en el Recinto Oficial del Congreso del Estado.
Además en el documento limita los horarios y los asuntos que puede recibir la Oficialía de partes del Poder Legislativo; y redujo al 25% las actividades laborales para actividades presenciales y virtuales o conforme lo determine la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Los seis diputados reconocen que la medida tiene como fin proteger la salud de los trabajadores del Poder Legislativo ante el incremento de los casos positivos de COVID-19 en la ciudad de Chetumal, lo cual apoyan plenamente. No obstante aclaran que, no puede ser una justificación para que el secretario general violente el estado de derecho al emitir tales disposiciones con el carácter de unilateral, sin fundamento jurídico y sin facultades otorgadas por la ley, y sin previo Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, llevando al Congreso del Estado a una nueva parálisis legislativa en perjuicio de todos los quintanarroenses.
