Desde la Contraloria con Rafael del Pozo, se protegió el desvío de 7 mil millones de pesos con CJ

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La administración de Carlos Joaquín Gonzalez quien libró las primeras denuncias interpuestas por la Secoes en el actual gobierno de Quintana Roo, por omisiones graves que provocaron prescripción de plazos legales al gobierno de del estado, protegió desde la contraloría a ex funcionarios por desvío por más de 7 mil millones de pesos del gobierno del hoy preso ex gobernador Roberto Borge Angulo.

Reyna Durán Arceo secretaria de la contraloría del estado en la actual administración afirmó que  tras el análisis de los expedientes  desde noviembre de 2023, se interpusieron las denuncias penales  y administrativas correspondientes y con ello sancionar a las y los funcionarios que fueron omisos en sus funciones.

Sostuvo que desde la Secoes se ha procedido con la inhabilitación de 47 personas, con 41 casos que han quedado en firme de un total de  513 expedientes recibidos en septiembre de 2021 donde el resto sigue su curso y se impusieron también un total de 65 sanciones del 1 de junio de 2023, al 30 de junio del presente año.

Las denuncias penales  van en contra de ex funcionarios de la Secoes por ser omisos en sancionar a los responsables del daño al erario público por 7 mil millones de pesos los cuales prácticamente irrecuperables aunque se buscará el mecanismo mediante la acción penal de reparación del daño todo ello durante el periodo 2011 a 2016.

Por su parte Edgar Ramírez Morales, recién nombrado  fiscal Anticorrupción en el estado, afirmó que son un total de 847 carpetas que se han activado, donde se sanciona también a ex funcionarios de nivel medio y superior de la propia SECOES, por dejar prescribir varios delitos a raíz de las omisiones cometidas.

Finalmente el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Carlos Felipe Fuentes del Río, sostuvo que en el actual gobierno se trabaja para evitar se vuelva  repetir este tipo de omisiones y más aún con las modificaciones a la ley de responsabilidad de los servidores públicos ya que la prescripción de los delitos pasaron de 3 a 7 años.