Mediante tácticas dilatorias la dirección jurídica del Congreso del Estado, pretende retrasar aun mas la sentencia emitida por un juez federal que los obliga a dotar de agua potable a los pobladores de Guillermo Prieto lo que evidencia que el apoyo a las comunidades rurales de la zona limítrofe con campeche únicamente es un discurso mediático, pues en la realidad no existe el interés para dotarlas de infraestructura básica y dignificarlas, aseguró Andrés Blanco Cruz, representante legal de la comunidad.
«Hace mas de un mes a pregunta expresa en una mañanera del presidente de Jugocopo Gustavo Mirando se dio por enterado del tema inclusive dijo que habían visitado la zona limítrofe y que ni solamente tenían un proyecto para el tema del agua sino por el tema de electricidad y caminos y nosotros consideramos que es un discurso de pura demagogia.
El abogado especialista en el derecho de las comunidades indígenas al agua, lamentó el desinterés por parte de los legisladores del Congreso local que pese al discurso mediático de la defensa de los pueblos indígenas no atiendan el amparo a favor de la comunidad de Guillermo Prieto que ha causado ya ejecutoria y que en la realidad usen a la dirección jurídica para dilatar este sentencia federal y con ello evadir su responsabilidad el mayor tiempo posible.
«A mas de un mes de haberse enterado no han informado al juez de distrito el cumplimiento de la sentencia, nosotros sabemos no es sencillo ya lo vivimos con San Antonio Soda y estaremos haciendo las gestiones necesarias ante los tribunales para que los habitantes de Guillermo Prieto puedan contar con agua potable en cantidad suficiente.
Resaltó que a estas alturas el Congreso del Estado de acuerdo a la sentencia que ha causado ejecutoria ya debieron haber solicitado a la Capa el proyecto y los montos necesarios para poder aprobar el presupuesto necesario para ello, no obstante, lo que ha prevalecido es la falta de interés por atender el tema la cual lamentó tendrán que empujar mediante resoluciones judiciales ante las practicas dilatorias que emprendido el poder legislativo para evadir esta resolución del juez.
