Por irregularidades detectadas en el ejercicio de recursos, colaboradores del ex gobernador Roberto Borge Angulo, comparecieron ante la Secretaría de la Contraloría Estatal (Secoes).
El representante legal de los imputados, Miguel Ángel Torres Fritz, indicó que es procedimiento de rutina y no implicará mayores consecuencias.
Este martes personal ex directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), compareció ante la Secoes para despejar inconsistencias en el ejercicio de 560 millones de pesos correspondientes al empréstito autorizado a la paraestatal, por la anterior legislatura.
Acudieron los ex directores de la CAPA, Paula González Cetina y Gustavo Guerrero Ortiz, así como personal administrativo de Sefiplan: Luis Hoil, Reyes Rodríguez, Luis Cruz y Minerva Marybel.
José Alejandro Marrufo Roldán y Gonzalo Herrera Castilla fueron representados por su asesor jurídico, Miguel Ángel torres Fritz.
La comparecencia fue ante la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secoes.
Porque la auditoría aplicada en el 2015 por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) evidenció inconsistencias en el ejercicio de recursos.
Torres Fritz dio a conocer que la comparecencia es para inicio del procedimiento de sustanciación por la auditoría realizada en el 2015, por el crédito contratado 560 millones de pesos.
Indicó que la comparecencia es para cumplir con el citatorio y presentación de pruebas a favor de sus defendidos.
Pero consideró que el procedimiento está viciado de origen y lleno de errores, pues la auditoría no determina gravedad del delito, ni tampoco la individualizacion de responsabilidades.
Anticipó que aportarán las pruebas y esperarán los criterios del coordinador general de sustanciación, el cual dispone de tres días para emitir el acuerdo y turnarle al Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo (TJAQRoo).
Insistió en que las imputaciones no señalan conducta de responsabilidad pero que en todo caso las sanciones que se pudieran aplicarse sería inhabilitación, una acción resarcitoria de daño o de tipo penal de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos.
Catalogó que las acusaciones de la CAPA son de índole político, porque en lo penal y lo administrativo se han ganado las denuncias.
En diciembre del 2015, la XIV Legislatura autorizó empréstito por 560 millones de pesos a la CAPA para eficientar servicios.
Durante su comparecencia ante la Legislatura Local en diciembre del 2016, Guerrero Ortiz aseguró que solo se ejecutaron 54 millones de pesos. El resto fue para el pago de pasivos.
El análisis de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública determinó irregularidades en la ejecución de recursos.
