El colectivo de Defensoras Digitales en Quintana Roo, se manifestó en contra de la propuesta del diputado Eduardo Martínez Arcila respeto al PIN parental al considerar que esta vulnera el derecho a los niños y las niñas e incluso podría incrementar el número de embarazos no deseados y abusos sexuales en los menores al frenarse su educación sexual.
«Contraviene primero a sus derechos sexuales y reproductivos a recibir una educación laica a una educación sin discriminación libre de prejuicios también por la identidad de las infancias en que los padres digan si pueden o no recibir educación sexual eso hace que ellos no conozcan su cuerpo sobre violaciones a ellos mismo por no saber lo que están haciendo.
Gracia Alzaga, vocera de Defensas Digitales Quintana Roo, dijo que esta iniciativa no debe avanzar, ya que es contraria a la Constitución y al derecho superior de la niñez de los tratados internacionales en los que México forma parte, además de que frena el derecho a la educación, a la salud y a la libertad de expresión, al restringir el acceso a la información de los menores; contraviniendo el interés superior de la niñez.
«son muchísimas situaciones en que los niños se puedan formar en un sentido laico y libre de discriminación y de manera plena, Quintana Roo cuenta con los índices mas altos en embarazos de jóvenes y en embarazo infantil eso es una alarma por que no hay suficiente educación sexual dentro de la escuela y mucho menos en los hogares y el PIN parental lo que hace es aumentar ese problema.
Aseguró que las niñas y niños no son propiedad de los padres y el estado tiene toda la facultad de educarlo de una manera plena de una manera consciente con autonomía para que las niñas y los niños puedan decidir por ellos mismos.
En tanto La Comisión de Educación de la XVI Legislatura del Congreso del Estado llevó a cabo el foro de consulta y opinión de las iniciativas sobre la nueva Ley de Educación en Quintana Roo, donde se tocaría el tema del Pin Parental, que busca dejar en manos de los padres o tutores la decisión final sobre si los menores a su cargo pueden llevar o no clases de educación del tipo sexual, así como recibir información sobre temas como la identidad sexual y de género.
