El Instituto Nacional del Suelo Sustentable, mantiene reuniones con núcleos agrarios colindantes a Chetumal, Bacalar y la zona norte del estado, como parte de una estrategia nacional para avanzar en la regularización de tierras ocupadas por familias desde hace décadas reveló Víctor Guzmán Dagnino director de Regularización del INSUS.
El funcionario federal afirmó que el objetivo es brindar certeza jurídica a quienes habitan en predios de origen ejidal o comunal, y que aún no cuentan con título de propiedad, esfuerzo que no solo busca legalizar la tenencia de la tierra, sino también permitir que los tres niveles de gobiernopuedan invertir en infraestructura y servicios públicos.
Dijo que además de otorgar títulos de propiedad, el INSUS también regulariza el equipamiento urbano. En caso de existir escuelas, clínicas, parques o plazuelas dentro de los asentamientos, estos espacios son donados a las instancias correspondientes, como la Secretaría de Educación estatal o federal, para garantizar su operación y mantenimiento.
Enfatizó que el proceso debe realizarse con planeación específica, respetando los instrumentos normativos de los municipios. “No se puede entregar tierra sin definir dónde irá el parque, la red eléctrica o el sistema de recolección de basura. De lo contrario, se generan conflictos y cargas financieras para las comunas”, advirtió.
“Estamos trabajando de la mano con ejidos y cooperativas para que las familias puedan acceder a procesos de regularización, especialmente en zonas donde han habitado por más de 20 años sin contar con certeza jurídica”, indicó Guzmán Dagnino.
Sostuvo que el INSUS trabaja en dos vertientes en la regularización de suelo ya ocupado como ocurre en la colonia Colosio de Playa del Carmen y la gestión anticipada de reservas territoriales aptas para el desarrollo. Esta última busca garantizar que el suelo destinado a vivienda cuente con condiciones adecuadas desde origen, evitando que los asentamientos nazcan viciados.
Finalmente, el funcionario llamó a la ciudadanía a no dejarse engañar por intermediarios que prometen soluciones fuera del marco legal. “Acérquense a las instancias oficiales. Estamos trabajando con el gobierno del estado y con SETUS para asegurar que las familias tengan certeza sobre su patrimonio. Nuestro trabajo es técnico, pero también humano: traducimos los procesos para que las personas comprendan qué deben hacer y cómo avanzar”, concluyó.
