Chetumal, Quintana Roo; 06 de abril de 2018. La Fiscalía General del Estado informa en relación a los casos de los exfuncionarios que están siendo llevados judicialmente desde la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Paula “N” continúa en prisión preventiva justificada y el proceso judicial se mantiene a efecto de lo que pueda determinar el Juez Control y los fiscales se encuentra preparando el recurso correspondiente.
En cuanto al caso que se está llevando con Roberto “N” o Roberto Borge ex gobernador del estado, NO hay modificaciones, ni suspensión, el proceso se mantiene, se conservan vigentes las órdenes y está en calidad de capturable.
Como ya se ha informado puntalmente con las carpetas de investigación de Carlos “N” y Ana “N” un Juez de Control de primera instancia del Distrito Judicial de Chetumal decretó cambiar las medidas cautelares que les fueron impuestas, esto a partir de la propia facultad del juez, no derivado de algún amparo. La calidad de cambio de medidas recae en el Juez de Control y se encuentra plasmada en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el procedimiento de cambio recae en cualquier juez de control en cualquier distrito del país, esta ha sido autorizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que el 20 de Marzo del presente año refirió la legalidad del uso del arresto domiciliario para los fines de que en ello se necesite, por lo que el procedimiento que se llevó con los dos imputados refiere una facultad y no a un amparo y que en todo momento la Fiscalía Especializada informará con objetividad, claridad y conforme a Derecho a la ciudadanía.
Debido a la calidad de interés que la Fiscalía Especializada en Anticorrupción puede llegar a tener, se ha procurado que la sociedad sea informada de cómo se están llevando a cabo cada juicio, y así se seguirá manteniendo con la finalidad de que no exista ninguna duda que los procesos de judicialización llevan con forme a la ley que nos rige.
Hoy por la mañana debido a una publicación en el semanario Luces del Siglo se genero una expectativa brutal en todo el estado por que se señalaba que con 85 millones el ex gobernador aborrecido por muchísima gente podría salir en libertad.
Esta es parte de la información de Luces del Siglo.
El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge no la tiene tan fácil, ya que para poder enfrentar el libertad las tres carpetas de investigación que la Fiscalía General del Estado, tiene pendientes en su contra deberá pagar una fianza de 85 millones de pesos.
Cabe destacar que lo anterior fue resuelto por el Tercer Tribunal de Circuito en Quintana Roo, dentro del proceso que enfrenta Roberto Borge Angulo, por un desfalco millonario al Estado.
El fallo del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, ocurrió el 22 de marzo pasado en sesión pública ordinaria, y señala que la garantía que la Fiscalía exigía en primera instancia “es apegada a derecho”.
Los magistrados Juan Ramón Rodríguez Minaya, Selina Haidé Avante Juárez, Jorge Marcos Mejía y Graciela Bonilla González, concluyeron que “debe conmutarse el monto determinado por el Juzgado Quinto de Distrito, esto es, 85 millones de pesos”, como garantía para hacer efectiva la suspensión solicitada por la defensa de Borge, como parte de la demanda de amparo 1096/ 2017 que promovió en julio de 2017.
El monto de la garantía -se lee en el incidente penal de revisión 607/ 2017, consultado por Luces del Siglo– “se estima adecuada, atentos los parámetros indicados y en consideración de que es un monto mínimo en relación con la cantidad a que asciende el daño patrimonial posiblemente sufrido por el sujeto pasivo”. El daño patrimonial que se imputa a Borge Angulo, asciende a tres mil millones 104 mil 823, 279 pesos, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General el 2 de enero pasado.
El daño patrimonial que se imputa a Borge Angulo, asciende a tres mil millones 104 mil 823, 279 pesos, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General el 2 de enero pasado.
Las y los magistrados también tomaron en consideración que, de resultar condenado por la probable comisión de los tres delitos, el ex mandatario habrá de necesitar mayores recursos económicos para cubrir la reparación del daño causado.
En julio de 2017, la defensa de Roberto Borge, detenido en Panamá el 4 de junio de ese año, promovió un amparo solicitando la suspensión provisional para evitar la ejecución de las órdenes de aprehensión, detención, presentación y comparecencia que se hayan emitido en su contra. Las órdenes de aprehensión giradas por un juez de Control de Distrito Judicial de Chetumal, fueron tres, derivadas de las carpetas administrativas del 28 y 29 de junio y de 3 de julio.
En audiencia incidental, el 25 de agosto, el Juez de Distrito dictó la resolución en que se concedió a Borge la suspensión definitiva de los actos reclamados, dejando una garantía de 85 millones de pesos.
En respuesta, la defensa del ex priista promovió un recurso de revisión para inconformarse en contra del monto de la garantía, que calicó “excesiva” y que dejaba en “estado de indefensión” al imputado, ya que al no poder cubrirla, convertía a la suspensión definitiva en una suspensión “ilusoria”.
La Fiscalía también interpuso un recurso de revisión, argumentando lo contrario, es decir, que la suma no resultaba suficiente para garantizar que Borge no se sustrajera de la acción de la justicia, ya que el monto por el cual se libraron las órdenes de aprehensión fue por tres mil 104 millones 823 mil 279 pesos. La cantidad apenas equivalía al 2.7 por ciento del quebranto provocado al gobierno de Quintana Roo, señaló entonces la Fiscalía.
