Admite la Suprema Corte de justicia de la Nación, la controversia constitucional que el ayuntamiento de OPB promueve contra la ley de alcoholes que en OPB ya afecta económicamente la operatividad del ayuntamiento
La sindico Yensunni Martínez Hernández señalo que con ello se inicia el proceso legal ´para echar abajo esta ley y no se afecte a municipios y empresarios dedicados a este giro.
Como promovente de esta controversia fue notificada el pasado 25 de marzo, respecto al acuerdo firmado por el Ministro instructor, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en el que se acepta este amparo y se otorga plazo al Poder Legislativo y Ejecutivo de Quintana Roo, para que en menos de 30 días hábiles señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México.
Lo anterior porque de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Civiles, en las controversias constitucionales las partes están obligadas a señalar domicilios en el lugar que tiene su cede la SCJN
Asimismo se requiere al Poder Legislativo que al dar respuesta a la demanda envié copia certificada de todas las documentales relacionadas al decreto impugnado. Y en el mismo plazo se requiere al Poder Ejecutivo exhiba el ejemplar del Periódico Estatal en el que conste la publicación. Ambos poderes fueron apercibidos que de no cumplir con lo anterior se aplicará una multa de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles.
Del documento se dará vista a la Fiscalía General de la Republica, antes de la celebración de la audiencia de ley para que manifieste lo que a su representación corresponda.
Cabe hacer mención que, la controversia fue promovida porque las nuevas disposiciones de la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo le quitan al municipio capitalino la facultad de autorizar los horarios de funcionamiento y ampliación de las horas para la regulación de establecimientos mercantiles, mediante licencias de funcionamiento.
