Cd. de México (15 enero 2018).-
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a presidentes municipales involucrados en la desincorporación de terrenos del Gobierno de Quintana Roo durante el sexenio de Roberto Borge.
De acuerdo con informes ministeriales, la dependencia federal rastrea a los implicados que durante la administración borgista participaron en la desincorporación, probablemente ilegal, de 980 inmuebles de las reservas de la entidad.
Aunque la información consultada no precisa quiénes son los Alcaldes involucrados, los municipios en los que se vendieron los terrenos son Cancún (Benito Juárez), Playa del Carmen y Cozumel, entre 2011 y 2016.
La investigación incluye también a los delegados del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE).
Borge está preso en un penal federal en Morelos, sujeto a un juicio por lavado de dinero, justamente por la venta a amigos y familiares de 22 predios de las reservas del estado a un precio equivalente al 6 por ciento de su valor comercial, lo cual habría ocasionado un daño al erario de 900 millones de pesos.
Pero, según informes federales, la PGR ha recabado entrevistas con testigos que señalan que este esquema de corrupción fue posible gracias a la participación de Alcaldes y delegados del IPAE en los municipios donde se enajenaron los terrenos.
Algunas carpetas de investigación iniciadas en la delegación de la PGR en Quintana Roo y relacionadas con estos hechos ya fueron atraídas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO).
Según la información consultada, en noviembre pasado la PGR envió a Quintana Roo un grupo de agentes de la Policía Federal Ministerial con la encomienda de recabar datos sobre allegados de Borge y algunas empresas.
Se trata de personas que no cuentan con una orden de aprehensión federal, pero que se consideran vinculadas con los supuestos actos de corrupción del ex Mandatario.
Entre ellas están María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre de Borge; Édgar Méndez Montoya, señalado como contratista y supuesto prestanombres, y Santiago Samuel Jiménez Moreno, director de Corpogas y socio de gasolineras en Cancún.
En cuanto a las empresas están Inmobiliaria Magueves, Rancho la Posadita, Posadita Diving Ranch, BP Promotions, Inmobiliaria Cigarra, Estemar del Caribe, Caveri Servicios Inmobiliarios, Inmobiliaria Maltico y Desarrollo Xcacel y Protección a la Tortuga.
La Procuraduría busca precisar los domicilios de las compañías y rastrear el paradero de los sospechosos, con el propósito de afinar la acusación que tiene por ahora a Borge en la cárcel.
