La aprehensión de Roberto Borge Angulo, por la Interpol Panamá a petición de la Procuraduría General de la República, más allá de las implicaciones políticas que le está dando Enrique Peña Nieto a nivel nacional, en lo local trae muchas implicaciones.
La PGR acusa a “Roberto, Beto, Betito” (motes asignados por su tío el ex gobernador de Quintana Roo Miguel Borge Martín) de uso de recursos de procedencia ilícita, en otra palabras de lavado de dinero.
Roberto Borge tiene cuatro querellas iniciadas en la PGR. La más avanzada que propició su captura, fue la operación millonaria que concretó para poner en marcha su empresa Impulsora Marítima del Caribe “Barcos Caribe” y la venta de predios a familiares y amigos.
En el tema Barcos Caribe, pese a que la empresa contó en su momento con todos los permisos de las instancias correspondientes para entrar en operaciones, la PGR encontró que quienes aportaron el financiamiento, no tenían el soporte económico para un proyecto de esa envergadura.
Barcos Caribe fue inaugurado el 17 de febrero de 2015. De hecho para ese evento Roberto Borge Angulo trajo a Quintana Roo a Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), desde donde se dio el aval y permisos para la empresa.
Detrás de “Impulsora Marítima de Quintana Roo”, están Franco González Patrón (tío del senador Félix González Canto); César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge; y María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex Gobernador.
La empresa es administrada por los dos últimos; contra quienes la PGR encontró que no tenían el respaldo financiero suficiente para invertir, al menos cinco millones de dólares para conformar la sociedad con Franco González Padrón.
La empresa se integró con 200 mil pesos en 2012, unos meses después de que Roberto Borge Angulo asumiera como gobernador de Quintana Roo. En 2014 compran sus primeros dos barcos tipo catamarán, Caribe 1 y Caribe 2, con valor de casi cinco millones de dólares. Más tarde se anexó el Caribe 3 con un precio similar.
Hace unas semanas, se desveló que ya se encuentran listos el Caribe 4 y 5 de la empresa, anclados en Australia y construidos por la empresa Aluminium Marine, con valor de cinco millones de dólares cada uno.
Así pues, en dos años Impulsora Marítima del Caribe, que por lo general realiza sus cruces de Playa del Carmen-Cozumel-Playa del Carmen con muchos asientos vacíos, logró amasar 10 millones de dólares para adquirir dos nuevos barcos.
Estos movimientos llamaron la atención de la PGR, que más allá de la denuncia del gobierno de Carlos Joaquín contra su antecesor, la autoridad federal respondió a una orden de Enrique Peña Nieto que obedecía a una estrategia política para ganar el Estado de México, su entidad natal.
Por este motivo, a unos días de las elecciones del Estado de México, el Gobierno Federal a través de la PGR filtró el aseguramiento de Barcos Caribe, acción que se había ejecutado desde febrero de 2016, pero en pausa dado que Borge aún era Gobernador y que iría a la par con una orden de aprehensión que sería dado a conocer antes de las elecciones de Edomex.
Así pues, la PGR no fue tras Franco González Padrón cuyo capital financiero soportaría una auditoría federal, sino contra los eslabones más débiles, César Celso González Hermosillo el abogado de Borge y María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre de Borge.
Ese fue el hilo del que se agarró la PGR para emprender una cacería silenciosa del ex gobernador Borge.
La PGR ya había estado tendiendo el cerco contra Borge luego que el 9 de mayo pasado se detuvieran a dos ciudadanos españoles con la colaboración de la Interpol, a quienes se les sigue un proceso por fraude específico.
“Guillermo José ‘N’ y Lorenzo ‘N’, fueron detenidos en respuesta a una solicitud de un mandamiento judicial girado por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, por la comisión del delito de Fraude Específico en Grado de Tentativa.
A los dos ciudadanos se les imputa la venta de 16 terrenos en Puerto Morelos durante la gestión de Roberto Borge Angulo.
Estos predios estarían vinculados a la venta de más de 800 hectáreas de reserva territorial del Estado que “vendió” Borge a familiares y amigos, por los cuales fue denunciado ante la PGR por el gobierno del panista-perredista Carlos Joaquín González.
En la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016, consignada por la SEIDO a un juez del Estado de México, de la cual se derivó la orden de aprehensión, se consigna también la venta de 24 inmuebles del Gobierno local a un precio equivalente a un 6 por ciento de su valor comercial a amigos y familiares de Borge.
La carpeta consigna una superficie de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados en Cancún y Cozumel rematados entre 2011 y 2014 por el con un valor comercial de 5 mil millones de pesos, según la PGR.
Diez de los inmuebles no eran susceptibles de venta por tratarse de reservas naturales, y otros cuatro fueron adquiridos por María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex Gobernador, quien no fue consignada en este expediente.
El 24 de febrero, la SEIDO aseguró los bienes, que quedaron a disposición del Ministerio Público.
Sin embargo, de acuerdo a fuentes federales, además de la orden de aprehensión contra Borge, sólo se emitieron oficios de captura contra Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), y Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del instituto, por el tema de los terrenos.
No se sabe que se haya emitido una orden de aprehensión en contra de la mamá del ex gobernador, Rosa Yolanda Angulo que sería una de las principales beneficiarias de estas compra-ventas de predios.
El tema se relaciona estrechamente con la detención el 5 de mayo pasado de ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Mauricio Rodríguez Marrufo, uno de los amigos cercanos y personales de Roberto Borge.
Un día después, fue detenida por la autoridad local a Paulina García Achach, quien se quedó como encargada del despacho en la Seduvi, tras la salida de Mauricio Rodríguez aprehendido siendo secretario general del Ayuntamiento Benito Juárez.
Rodríguez Marrufo habría colaborado con la PGR para aportar y confirmar datos concretos sobre las operaciones de compra venta relacionados con los predios propiedad del Gobierno de Quintana Roo rematados y regalados por Borge a familiares y amigos.
Esta cooperación sería parte de un acuerdo para lograr la pronta liberación del ex funcionario, y la liberación también de 39 millones de pesos en propiedades que le fueron aseguradas a Paulina García Achach como garantía económica por la autoridad ministerial.
Estas dos, son apenas algunas de las vertientes en las que se acusa directamente a Roberto Borge Angulo de haber saqueado a Quintana Roo.
Además de ello, en lo local hay 17 carpetas integrándose y derivadas de las mismas, un juez ha emitido órdenes de aprehensión. No se sabe cuántas y contra quienes.
Entre los funcionarios que estarían involucrando estas investigaciones y sobre los cuales va la Fiscalía General del Estado en lo local, son Juan Pablo Guillermo Molina, como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan); Eliézer Villanueva Lanz, subsecretario técnico Hacendario de la Sefiplan; Alejandro Marrufo Roldán, tesorero; Israel Hernández Radilla, coordinador del programa Reciclando Basura por Alimentos; Gustavo Guerrero Ortiz y Paula González Cetina, ex titulares de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado; Mauricio Rodríguez Marrufo y Paulina García Achach, ex titulares de Seduvi; Claudia Romanillos, ex titular del IPAE; Fernando Escamilla Carrillo, ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transportes; Y Fabián Vallado Fernández, ex secretario privado de Borge y ex delegado de la Sedesol en Quintana Roo, entre otros.
Además, la Fiscalía local está preparando los expedientes en contra del ex Secretario de Desarrollo Agropecuario y Rural; Luis González Flores, tío del senador Félix González Canto, quien habría desviado millones de pesos por concepto de proyectos dirigidos al campo.
En este tema, abogados contratados por el Gobierno de Quintana Roo están visitando los municipios rurales y convocando a través de los presidentes de comisariados ejidales asambleas en las que, obtienen firmas de los ejidatarios, e incluso, huellas digitales de quienes no saben leer y escribir.
Todo ello para sustentar una demanda colectiva por fraude y uso indebido de recursos contra Luis González Flores y otros funcionarios menores de la Sedaru, investigaciones donde estaría también involucrada la Sagarpa a través de su delegación en Quintana Roo.
De acuerdo a varios campesinos, los abogados llegan a las asambleas, les preguntan si recibieron una o varias cantidades como parte de financiamiento a proyectos agrícolas emitidos a su nombre; sin embargo, en todos los casos, los hombres del campo ni siquiera sabían que estaban siendo utilizados sus nombres y documentación, además de falsificadas sus firmas para este desvío millonario de recursos.
Adicional a estas investigaciones, la fiscalía ha iniciado indagatorias en áreas como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, en donde también se desviaron millones de pesos que debieron haber sido usados para infraestructura, equipo y medicinas; así como prestaciones laborales de los docentes.
En estas investigaciones estaría analizándose el trabajo de Juan Ortegón Pacheco y especialmente de su administrador, Raúl Aguilar Laguardia, hermano del magistrado Mario Aguilar Laguardia, ambos amigos personales de Roberto Borge.
En el ámbito educativo, se estaría auditando la administración de José Alberto Alonso Ovando y de Lilián Villanueva Chan ( ex esposa del magistrado Aguilar Laguardia), secretario y subsecretaria de la dependencia en la administración de Roberto Borge Angulo, entre otros principales funcionarios.
Así entonces, la aprehensión de Roberto Borge Angulo no sólo fue un movimiento político estratégico de Enrique Peña Nieto a nivel nacional, sino que en lo local, está creando un cisma que tiene contra la pared de la justicia a todos sus principales colaboradores en el sexenio pasado.
