POR ESTEBAN GUARNEROS ARAGÓN
Toda empresa que contrata personal cumple con una serie de requisitos para que el candidato a ocupar la plaza vacante sea el más apto o idóneo para el puesto de trabajo, porque tener a la persona apropiada es de mucho valor para los fines e intereses de la empresa.
De igual forma debería ser para las instituciones públicas donde el ingreso de cada empleado cumpla con todo el proceso de requisitos y selección de personal para la plaza laboral vacante. Sin embargo, tal parece que este procedimiento no sucede así en las dependencias de gobierno del estado de Quintana Roo. Ocupar o más bien ceder una plaza laboral en el gobierno depende más de otras cosas que de los conocimientos, capacidades, aptitudes y experiencia.
Como muestra un botón, en días pasados hubieron dos hechos, de los tantos que han habido a lo largo de estos 7 meses en el gobierno estatal, donde la falta de conocimientos, criterio y hasta sentido común denotan que ciertas autoridades del gobierno actual desconocen cómo dirigir una jefatura de departamento, una dirección de área o una subsecretaría, esto es, muestran falta de preparación, facultad y ejercicio en el cargo.
Alicia Castañares Márquez, directora de recursos humanos de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), es exhibida de maltrato con una prueba de audio filtrada a la prensa, la ofensa es a un subalterno donde se escucha primero como desaprueba y después a gritos como recrimina, increpa y humilla a un trabajador.
La funcionaria pública muestra todos los atributos de ignorancia a un cargo de ese nivel, más allá de tener una preparación académica profesional, Castañares Márquez reveló un total desconocimiento para dirigir un área como lo es el de recursos humanos donde primero se requiere conocer para después dirigir a los empleados.
El otro caso sucede en el Sistema DIF Estatal donde Rosa María Guitrón Sánchez, otra directora de recursos humanos, decide elaborar un oficio
solicitando a todo el personal que al ingreso a su centro laboral deje, primero, su teléfono celular. En el oficio da a entender que la indicación es para solo aquel personal que atiende al público con la intención de que éstos sean atendidos como debe ser, sin embargo el escrito está dirigido a todo el personal de base y de confianza en todos los centros laborales, tengan o no que ver con el público. La medida no es absurda, según varios estudios el uso del celular en horas de trabajo puede afectar la productividad y la seguridad del trabajador. Si así fuera bienvenida la disposición, pero de no ser así ¿cuáles serían las otras intenciones?
Lo que nos lleva a mal pensar es, tal vez, la doble intención que pudiera tener esta ordenanza de quitar y no permitir celulares en el centro de trabajo. Un primer propósito sería que las autoridades no sean grabadas ni en video ni en audio como le sucedió a Alicia Castañares Márquez, otra intención sería no ser fotografiado en alguna escena ilícita o inmoral, o no poder tomar fotografías y escaneos a documentos oficiales ocurrentes, irónicos o fraudulentos, como le sucedió al oficio generado por María Guitrón Sánchez.
De esta forma vemos que más allá de velar por la productividad y seguridad de los trabajadores al no permitir celulares en los centros de trabajo, más bien se vela y se protegen a las autoridades, cuidando de no ser exhibidas de sus fechorías y atropellos a los derechos humanos y laborales.
Colocar a cualquier persona por amistad o compromiso político como sucedió con Alicia Castañares Márquez y Rosa María Guitrón Sánchez, por citar los casos más recientes, en un cargo de dirección es de grave irresponsabilidad que puede ocasionar resultados adversos, vergonzosos, estériles y hasta comprometedores para la institución, la humillación e imposición de reglas va en contra de un buen desempeño y cuando no se respetan los procedimientos, formas y demás medios los resultados están a la vista como en los casos de SEyC y del DIF Estatal.
