LA «ESTAFA MAESTRA» CON ROSARIO ROBLES Y CAMARILLAS, SALPICA A QUINTANA ROO

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De requerirse, el Estado coadyuvará en el deslinde de responsabilidades en torno a “la estafa maestra”, afirmó el presidente de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), Manuel Palacios Herrera.

Porque desde el inicio se colaboró con la entrega de información y expedientes relacionados con los ex colaboradores de Roberto Borge Angulo, imputados en este proceso.

La mañana de este martes, la ex secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, fue vinculada a proceso y trasladada a la Cárcel de Santa Martha Acatitla.

“La Estafa Maestra” es una investigación realizada por la Agencia Animal Político, que corroboró el desvío de más de 400 millones de dólares durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto; involucró a 11 dependencias, ocho universidades públicas y más de 50 funcionarios de primer nivel.

En el caso de Quintana Roo, el proceso involucra al ex director administrativo del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), Gerardo V. H. por su presunta participación, que enfrenta orden de aprehensión.

También al ex director general Jorge A. M. el cual goza de un amparo provisional, apelado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

El Juzgado VI de Distrito rechazó el amparo promovido por el exdirector administrativo del SQCS, clasificado como 976/2018, encaminado a impedir su orden de aprehensión, que en diciembre pasado logró evadir cuando fue interceptado por agentes federales afuera de conocida plaza comercial de Chetumal.

Se les imputa Desempeño Irregular de la Función Pública por 806 millones 616 mil 882 pesos, supuestamente ejecutados para campañas publicitarias de la Sedatu, durante la gestión Robles Berlanga.

Tales recursos fueron ejercidos en 84 contratos sin licitación y se benefició a 37 proveedores, de los cuales solo cuatro estaban registrados ante el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado; y se autorizaron 104 pagos.

Lo anterior deriva de la revisión de los Ejercicios Fiscales 2015 y 2016 del SQCS, que motivaron dos denuncias penales: la primera fue interpuesta por la Secretaría de la Contraloría Estatal (Secoes) el 31 de agosto del 2017 y la siguiente el 18 de marzo del 2018, de parte de la Auditoría Superior Interna.

El 19 de diciembre pasado fue liberada la orden de aprehensión en contra del ex administrador del SQCS, días después evadió mediante una suspensión provisional. Sin embargo el juez de control le requirió.

El 26 del citado mes promovió un amparo para evitar su encarcelamiento pero se le exigieron 44 millones 628 mil 243 pesos.

Al no cubrir la fianza emitió un recurso fundado en incapacidad médica pero fue desestimada por el Juzgado VI de Distrito.

En tanto, el ex director general del SQCS continúa con un amparo federal.

En otro contexto, Palacios Herrera manifestó que la Fiscalía General del Estado (FGE) solo ha logrado un juicio, el del desfalco por más de mil 50 millones a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

Los 37 restantes están bajo responsabilidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC). Tales denuncias representan irregularidades por al menos 13 mil millones de pesos. Incluye a más de 120 ex funcionarios, y todos están amparados.




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