José María Morelos, Quintana Roo a 08 de febrero de 2019.- El Ayuntamiento de José María Morelos, encabezado por la Presidenta Municipal, Sofía Alcocer Alcocer, es garante para el cumplimento de la ley y es por ello que canceló las negociaciones anunciadas para cerrar la compra-venta de las seis hectáreas de terrenos de la EXPOMOR en donde reconocen que habían ofrecido al ejido kilómetro cincuenta la cantidad de 7 mil 500 pesos para cada ejidatario que conforman el padrón de más de 800 ejidatarios.
Esta mañana en conferencia de prensa el apoderado legal del ayuntamiento el licenciado Lincoln Palma Rodríguez, dijo en el año 2003 el ex presidente Germán Parra López celebró varios contratos de compraventa con 13 ejidatarios a quienes se les pago su propiedad en la época del comisariado Armando Dzib, en dichos terrenos se edificó la infraestructura para que se realice la feria de la primavera, EXPOMOR.
Sin embargo, fue en año 2015 cuando el entonces comisariado Francisco Uc Cáceres, entre otros, promovieron un juicio agrario reclamando la restitución de los terrenos, en contestación, el ayuntamiento promovió la reconvención, es decir, contrademandó al ejido reclamándole el reconocimiento de la compra-venta realizada en el año 2003 y la prescripción positiva a favor del Ayuntamiento respecto del predio de la EXPOMOR.
Mediante una sentencia dictada el 29 de agosto del 2018 por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, resuelve que el ayuntamiento continué con la ocupación de la superficie toda vez que se trata de un poseedor de buena fe. El abogado detalló que, no obstante, a esto el ayuntamiento ofreció al ejido una negociación, pero al no contar con los argumentos legales suficientes para llevarlo a acabo decidieron no continuar y actuar de acuerdo a lo que dicta la ley.
El licenciado Lincoln Palma Rodríguez dijo que ahora el ayuntamiento puede ocupar los terrenos porque así lo dicta la sentencia, no obstante no pretenden caer en confrontaciones con el ejido por lo que esperan un avalúo para conocer el valor real de las tierras y poder hacer ahora el trámite legal para la reposición de las tierras al Ayuntamiento. El apoderado legal señala que el dictamen expedido por el tribunal agrario fue mal interpretado por el abogado de los ejidatarios ya que se calificó de mala fe el actuar del ejido al vender primero los terrenos y luego reclamarlo, varios años despues.
Dijo que, de acuerdo a la sentencia, es indudable que la posesión del inmueble continúa siendo del Ayuntamiento de José María Morelos, y únicamente se debe cumplir con los avalúos a cargo del INDABIN y en base a ello, pagarle al ejido lo que ahí se determine. Aquí dijo es importante señalar que los ejidatarios pretendían un pago de 6 millones de pesos aproximadamente, pero sin que exista un avaluó correspondiente que exige el tribunal agrario unitario y en consecuencia existía el riesgo de que no se tuviera cumplida la sentencia y no se pudiera inscribir ante el registro agrario nacional las modificaciones en los planos definitivos y la anotación en el folio respectivo.
Mencionó que el avalúo debe hacerse al precio del año 2003 y que la sentencia es definitiva, ya que pudo ser combatida ante el tribunal superior agrario y luego ante un tribunal colegiado, pero ambas partes la consintieron y se encuentra firme y ejecutoriada.
