EDÍL DE BENITO JUÁREZ INCUMPLE COMPROMISO CON DESALOJADOS DEL FORTÍN

Persiste la inconformidad de habitantes del asentamiento  irregular el Fortin por la poca disposición de  las autoridades de  Benito Juarez por resolver este tema. A continuación una carta  de los mismos  colonos que   asientan  estar hartos de esta   situación.

Estamos a unos cuantos días de que se cumplan ya dos meses del brutal desalojo que sufrieron las familias asentadas en la colonia El Fortín, y de que el gobierno del estado representado por Jesús Pool Moo, Subsecretario de Gobierno para la Zona Norte, y Mauricio Rodríguez Marrufo, Secretario General del ayuntamiento de ese municipio (detenido por agentes ministeriales hoy viernes), se comprometieran públicamente a reubicar temporalmente de inicio, y después de forma permanente a 82 familias que perdieron sus hogares. Pero todo indica que nunca fue, ni será intención de estos funcionarios cumplir con su obligación constitucional.

Ya en mis recientes colaboraciones para este medio, argumenté profusamente sobre la  naturaleza del desalojo, la razón que les asistía a estos mexicanos de pleno derecho y la resultante de su indefensión ante la ley y sus compradores, que dio como saldo final su derrota en un juicio reivindicatorio del predio en litigio. La realidad se mueve y nadie puede evitarlo, ninguna autoridad, ni grande ni pequeña, ni municipal, estatal o federal, se interesó en el derecho constitucional de estos ciudadanos a una vivienda digna. No vi entonces y no veo ahora a las plañideras que hacen de los derechos humanos la herramienta para salir en las noticias y mantenerse en el argot politiquero, como don Harley Sosa Guillén, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Quintana Roo (CDHEQROO) que gusta de salir a la luz para manifestar su preocupación por la violación a estos tan llevados y traídos derechos, pero bueno, ya le ajustaremos la plana en otro momento, decía que el litigio se perdió y nadie nos hizo caso cuando advertimos que estaba a punto de cometerse una injusticia social, que dejaría a cientos de personas sin patrimonio y en la calle. Ese es el hecho y ya no hay remedio.

En esta ocasión nuestra demanda no está ya en esa cuestión, la realidad, insisto, se mueve y el escenario es otro. Pero de nueva cuenta y de forma aún más obvia, esta realidad nos demuestra que las autoridades en nuestro país, y en Quintana Roo en concreto, son peligrosamente insensibles, puesto que por la razón que sea, 82 familias que dan un total de 350 personas aproximadamente, viven en la calle, a la intemperie, bajo una lona, ingiriendo sus alimentos de la manera más antihigiénica que uno se pueda imaginar. Quien se tome sólo unos minutos para conocer cómo han vivido durante cincuenta días, verá que no tienen luz, ni agua potable, ni cocina, ni mínima y triste condición para dormir, que están a expensas de que los guardias de palacio quieran o no abrir la puerta de los baños, y a pesar de todo esto, siguen con sus actividades, llevando a sus hijos a la escuela, lavando su ropa con algún familiar o amigo, y con una vida casi a nivel de indigencia, esperando ilusoriamente que quienes los observan a diario a través de la ventana de enfrente, desde sus oficinas climatizadas y las preocupaciones por ellos mismos y los suyos, a muy buen resguardo- respaldadas por el oneroso salario que se auto proporcionan gracias al dinero de todos los mexicanos- se dignen a realizar su trabajo y respeten la Constitución Política de México, administrando los recursos de todos para apoyar las emergencias y desastres que surgen en la vida de una ciudad tan difícil y desordenada como Cancún.

¿Qué se puede pensar de funcionarios como estos, que sólo tienen que destinar una pequeña parte del recurso que se obtiene de lo que todos aportamos ya sea directa o indirectamente mediante impuestos y no lo hacen nada más por sus pistolas? ¿Qué se puede decir de quienes según su óptica, apoyar a quienes piden hacer efectivo su derecho a la vivienda, solicitando nada más que inclusión a los programas gubernamentales, es hacer algo ilegal? ¿Qué dirían ellos si algún familiar o sus hijos mismos estuvieran en ese trance y pidieran que se invirtiera en sus necesidades el dinero que en teoría es de todos? La respuesta es obvia, que gobiernan en beneficio propio y de nadie más, y su actuar y su pensar son el reflejo de este beneficio al que se oponen las demandas del pueblo, sólo eso se puede pensar y nada más.
Seguramente se vendrá sobre nosotros y nuestra lucha, un vendaval de lodo y excremento mediático, pero los antorchistas, que buscamos sólo un país más justo y benévolo con sus habitantes, nos negamos a permanecer inermes ante tamaña injusticia y ante el menosprecio  de nuestros gobernantes por sus gobernados que se debaten  en una realidad caótica, de crisis, de corrupción y de extrema pobreza, que es el que al final de cuentas los puso donde están. No importa que sean 82 familias o 20 o 10, pero no puede ser que en la catorceava economía del mundo y en el destino turístico más importante de México y probablemente de América Latina, no haya Ley que defienda a ciudadanos que viven desde hace dos meses frente del ayuntamiento -donde todo mundo los ve- ni recurso para rentar o comprar un predio que luego se les venda a ellos, ni unas maderas y láminas aunque sea de uso, para detener este crimen de lesa Humanidad -el de que en pleno siglo XXI haya gente que no tenga un hogar digno ni autoridad que la defienda-.
Por último diré que lo único que pedimos ahora es que las autoridades cumplan su compromiso de reubicar temporalmente a estas familias durante diez meses, en lo que están listos los predios con servicios que les venderá el gobierno del Estado. Pero para ilustrar correctamente diré, que después de la negativa del cuerpo de regidores, de permitir al señor Presidente Municipal cumplir su palabra, por  nuestra cuenta y ante las lamentables declaraciones de don Gregorio Sánchez, que después de succionar del erario como presidente municipal, aún se resiste a dejar la ubre y ahora como regidor, propone que estas familias se vayan a la selva puesto que esta es muy grande y bien caben en ella, para que dejen de ensuciar su palacio municipal, buscamos un predio en el que se nos rente un pedazo de tierra para que estas familias pasen su estancia de diez meses, con lo que demostramos que estamos dispuestos a pagar como cualquier otro ciudadano debe hacerlo. Pero para sorpresa de todos y para colmo del cinismo, este honorable Ayuntamiento no quiere ni siquiera asentar su firma como garante de esta transacción, legitimándola y comprometiéndose a vigilar que estos colonos no sean burlados una vez más, y negándose rotundamente a apoyar con maquinaria para el arreglo y dotar de materiales para que puedan empezar a edificar su hogar quienes no tienen ya ningún enser doméstico porque la policía y los delincuentes que los desalojaron, les quemaron todo su patrimonio. Sensibles y justicieras autoridades tenemos en ese municipio.

Para nosotros, repito, no se trata sólo de estas familias  -cuestión ya de por sí loable defender- sino de cambiar a México, de mejorar nuestra sociedad, exigiendo que las autoridades cumplan su obligación constitucional y dejen de ver el poder que se les confiere, como su coto de poder en el que pueden hacer y deshacer a su antojo, y se trata sobre todo, de demostrar a nuestros compatriotas, que si no hacemos algo, que si dejamos que sigan las cosas por donde van, la sed de poder y el autoritarismo desmedido, van a destrozar a nuestro ya lastimado país, porque  desde hace 30 años aproximadamente en que empezó la debacle de México, nada nos dice que las cosas van mejorando, por el contrario, el panorama no sólo luce gris, sino aterrador.

Por ello y por el futuro de nuestros hijos, el Movimiento Antorchista se apresta a defender con toda la fuerza de los dos millones de nuestros agremiados, a estas humildes familias, porque en ello nos va el camino para mejorar la vida de los más de 80 millones de pobres, puesto que de lo que aquí se trata, es de la negativa de resolver esto que es a todas luces una injusticia, pero que una vez resuelto, les dirá a todos los cancunenses en la misma situación, que el camino es la lucha social, por eso tanta resistencia porque tratan de evitar que cunda el ejemplo. Por lo tanto desde esta humilde trinchera y con mis humildes argumentos, solicito a la opinión pública y a la prensa que ha seguido de cerca esta problemática, que nos aprestemos a defender la dignidad de quienes lo han perdido todo, porque nuestro país no brinda una vida digna decorosa para todos sus hijos y la ley se vende al mejor postor.

En próximos días 5 mil antorchistas pedirán la intervención del señor Gobernador Carlos Joaquín González, porque las autoridades municipales de Benito Juárez no pueden ni deben mandarse solas y hacer y deshacer a su antojo, y a la vez, iremos a la Secretaria de Gobernación a pedir la intervención del gobierno federal. No tenemos otra salida, más que apelar a nuestros derechos de petición, organización y manifestación. Vale