El Gobierno del Estado ya cuenta con la estrategia para combatir la Controversia Constitucional promovida por Yucatán, en la disputa por territorio.
El encargado del Despacho de la Secretaría de Gobierno (SG), Arturo Contreras Castillo, indicó que existen elementos legales para adjudicarse el terreno.
El pasado 23 de abril, el Congreso de Quintana Roo reformó la Constitución y modificó los límites con Yucatán.
La modificación impactó en la jurisdicción de Yucatán puesto que los municipios de Peto, Tzucacab, Tekax, Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul y Chikindzonot; originalmente pertenecientes a la Zona Sur de Yucatán; pasan a ser de Quintana Roo, según la citada reforma, motivada por el Decreto 303 publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).
El Gobierno de Yucatán promovió una Controversia Constitucional, que el pasado 28 de agosto fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), radicada como 226/2019.
El Gobierno de Campeche ya fue notificado al respecto, por si desea incorporarse como Tercero Interesado, en la Controversia Constitucional.
Porque tal reforma reactivará el conflicto limítrofe entre entidades de la Península de Yucatán.
El encargado del Despacho de la Secretaría de Gobierno reiteró la confianza de mantener el territorio, puesto que la reforma aprobada por la XV Legislatura se fundamentó en argumentos jurídicos sólidos y estudios técnicos debidamente realizados.
“En los juicios previos estos habían transcurrido con lentitud y primero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se excusó, luego fue el Senado de la Republica, pero con esta ratificación se da vida a la defensa de los límites”.
El origen de este conflicto limítrofe data desde 1922, cuando se estableció “el Punto Put”, que definía la convergencia de los estados de Yucatán, Campeche y el Territorio de Quintana Roo, pues las constituciones de cada uno discordaban en torno a la ubicación y delimitación geográfica.
