Ya son más ex colaboradores de Roberto Borge Angulo imputados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y el resarcimiento del daño patrimonial también aumentó.
Aunque paralelamente igual incrementan los recursos de amparo de exfuncionarios que pretenden evadir la acción penal.
Durante la presentación de su Primer Informe de Actividades, la fiscal anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, manifestó aunque lento, el deslinde de responsabilidades avanza.
Este ejercicio consta de septiembre del 2017, cuando la funcionaria fue designada en tal encargo, al 31 de diciembre del año pasado.
Expuso que la profesionalización ha sido prioridad paralela al deslinde de responsabilidades y combate a la corrupción.
Pues permitió la instauración de la Maestría Anticorrupción y Sistema de Justicia, que es la primera a nivel nacional.
El 85 por ciento del personal ha sido dotado de herramientas para eficientar su labor y se cuenta con nuevos insumos, que incluye tecnología geoespacial.
Respecto a la labor principal, la FECC registra el Peculado como el delito más denunciado con el 28.8 por ciento. Equivale a tres de cada 10 querellas.
Le sigue el Abuso de Autoridad, con 22 por ciento y en tercer lugar, Desempeño Irregular de la Función Pública, con ocho.
La acreditación de imputaciones es complicada pues debe fundarse con diversas pruebas: videos, hechos, registros de autoridades y más. Hasta diciembre del año pasado se había concretado 24 carpetas de investigación, en contra de ex funcionarios y particulares.
“En una sola carpeta de investigación hay hasta siete imputados… Así que la cifra puede elevar conforme avancen las investigaciones y deslinde de responsabilidades”, precisó.
En lo que va del encargo de la fiscal anticorrupción se han logrado tres sentencias que derivaron en reparación de daño por 66 millones de pesos, 28 fueron reembolsados en efectivo, el resto en especie. Del total 48 millones corresponden a recursos estatales.
En Quintana Roo fueron asegurados 12 ex funcionarios de la pasada administración mientras que seis en otras entidades, inclusive con el apoyo de organismos internacionales. Existen 26 mandamientos judiciales pendientes.
En cuanto a vinculación a proceso, Villanueva Arzápalo dio a conocer que de 24 carpetas, se ha logrado que 18 imputados reciban prisión preventiva.
En la recuperación de bienes inmuebles, se aseguró un hotel en Cozumel y 292 predios. 23 recibieron avalúo de 202 millones 520 mil pesos. Los 269 restantes no han sido cuantificados porque la Fiscalía General del Estado (FGE) solo cuenta con dos peritos en esta materia.
La FECC enfrenta 105 recursos legales de combate promovidos por ex funcionarios que pretenden evadir la acción penal. De estos hay 19 en prioridad.
Con base al trabajo con organismos internacionales, se emitieron 20 alertas migratorias que evitan que ex funcionarios abandonen México. Paralelamente se formularon 12 rojas, a fin de detener a imputados por daño patrimonial a Quintana Roo.
En coordinación con la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), el número de denuncias penales contra ex colaboradores de Roberto Borge Angulo incrementó de 37 a 97.
Las querellas van encaminadas a proceder legalmente en contra de 144 es funcionarios de ocho entidades estatales y ocho ayuntamientos.
Para tener resultados lo más inmediatos, se notificó de Juicios de Garantía a la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Yucatán, Guadalajara y Puebla, donde se presume se esconden ex funcionarios de la pasada administración estatal.
Lo anterior llevó a México del lugar 135 al 138 por incidencia en corrupción, de 180 países.
El objetivo para el presente año es lograr que la FECC se consolide como órgano autónomo y puede gestionar recursos, pues actualmente solo cuenta independencia técnica, que le supedita a la FGE.
